29 de mayo de 2005

Medios digitales e ideologías

El salto de gigante que supone la popularización de internet para la comunicación política no está siendo aún suficientemente estimado. Llegará un momento en que se corrija la actual miopía, pues nadie duda que la red será la primera fuente informativa para una buena parte de la ciudadanía en no mucho tiempo. El clásico debate sobre si la lucha política se gana en los influyentes medios de papel o en los medios audiovisuales de masas está siendo superado por el fenómeno de la convergencia de ambos en internet. Tener el favor de la prensa escrita no era tan importante si no se contaba con la influencia de los informativos de TV, con más audiencia que los periódicos. Pero ahora el crecimiento de los medios digitales está dejando de lado esta disyuntiva, pues la fuerza de la red la colocaría en condiciones de marcarle el ritmo a los demás medios de comunicación. El uso de internet en el marketing político es cada vez mayor. Como es habitual, EEUU innova en el desarrollo de los nuevos medios años antes de que éstos se popularicen en Europa. Todavía puede parecer exagerado el papel protagonista que algunos expertos le otorgan a internet en la política estadounidense, pero lo cierto es que la utilización de esta herramienta ha llegado a ser masiva y es la vía de participación más eficaz para millones de ciudadanos. La influencia de internet en la política formal no puede sino crecer con el tiempo. Diarios, blogs, foros, son el ágora del siglo XXI.

El periodismo disperso o participativo, como ha sido llamado, no se restringe a los medios digitales más populares sino que está formado por miles de blogs. Un sistema informativo que se sustenta en micromedios interrelacionados y en el que la opinión adquiere una importancia vital. Se habla de que los nuevos 'think tank' o tanques de pensamiento están en la red y no en los pasillos de los congresos políticos. La propaganda y la comunicación de ideas se convierten en la era digital en una necesidad constante para los partidos: no se trata sólo de un sprint cada cuatro años. La carrera de fondo del marketing político tiene sus ojos puestos en internet, pues no hay invento que se ajuste mejor a la demanda de información de los votantes indecisos y los activistas inquietos. La inevitable bipolarización ideológica se plasma en la opinión de internet, a pesar de que exista un amplio margen para la diversidad. Se puede asegurar que las trincheras políticas de los medios de expresión son, en buena medida, un reflejo de la sociedad. Aunque también existe un efecto movilización de los sectores más activos. La internet política sobredimensiona los extremos y ofrece un cauce para los contenidos que no atraen la atención de los medios tradicionales. En este sentido, la opinión generalizada entre los conservadores de que la prensa está escorada a la izquierda y no recoge sus ideas ha sido un importante acicate para el nacimiento de medios digitales afectos a la derecha.

Pero el mito de la prensa liberal -de izquierda- no se sostiene. El periodista estadounidense Eric Alterman desmontó en "What liberal media?" la creencia de que los principales medios patrocinan las ideas izquierdistas. Que los periodistas sean de izquierda no ha significado un menor seguimiento de la agenda política conservadora, imperante en EEUU y otros muchos países. La mayoría de la prensa es propiedad de grandes empresas que se rigen por un criterio comercial: satisfacer a su público y, sobre todo, contentar al poder económico que le contrata publicidad. Pero la derecha se queja del maltrato de los grandes medios para favorecer el surgimiento de lo que en EEUU ha sido denominado 'periodismo patriótico', hooliganismo político para defender la doctrina conservadora, cuyo paradigma es la cadena Fox News. Prensa, radio y televisión son los escenarios de un periodismo cada vez más orientado a la opinión. Pero la batalla política en la que los medios de derecha parecen llevar la delantera se libra también en internet. Quizás la izquierda esté más desperdigada o se refugie en otras formas de expresión, porque la opinión digital que se refleja en los nuevos canales políticos está claramente decantada a la derecha. Es un hecho a tener en cuenta porque contradice la idea del equilibrio ideológico. La izquierda debe compensar la balanza tomando la red como un instrumento prioritario de opinión y marketing con el que ganar la batalla política.

22 de mayo de 2005

Transparencia en los sueldos de los directivos

Los sueldos de los directivos representan una aceptable medida de la equidad distributiva en las empresas. Constituyen indudablemente un indicador de la justicia en el reparto salarial, porque el hecho de que sean altos no justifica para la mayoría que se disparen de forma escandalosa. Cuando la presión sobre los sueldos que reciben los trabajadores situados en la escala salarial más baja aumenta, no se comprende la exhibición de abultados emolumentos para los administradores de la empresa. No se trata de cuestionar la remuneración de cargos que requieren mayor cualificación profesional y asumen más responsabilidad en una organización: la economía de mercado funciona porque existen estímulos al esfuerzo individual y recompensas al éxito. Sería demagógico perseguir una igualación en un aspecto en el que sencillamente actúa una ley de premio al beneficio. Pero los sueldos de los altos directivos deben ser sometidos también a unos criterios de justicia según creamos justa una determinada organización de la sociedad. De lo que se trata es de ver a partir de qué punto unos sueldos aceptables se convierten en unos sueldazos que causan escándalo. El exceso en la remuneración de los directivos de una empresa no afecta únicamente a una opinión pública que pudiera considerar esta circunstancia un abuso de quienes están al mando del poder económico: es incumbencia de los accionistas, sin duda, que en muchas ocasiones no pueden saber si los gerentes están aprovechando su situación para otorgarse grandes sueldos en detrimento de la empresa.

La filosofía que sostiene la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), a la que se está prestando tanta atención en los últimos tiempos, no descuida el compromiso con la transparencia. Entre las exigencias de buen gobierno que deben atender las empresas para mejorar su imagen ante los mercados financieros se encuentra la publicación de los sueldos de sus directivos. Este requisito está pasando de los manuales de buenas prácticas a la regulación legal, como demuestra el último proyecto del gobierno alemán. El Ejecutivo federal ha presentado una ley que aprobará próximamente el Parlamento, con mayoría de la coalición rojiverde, en la que se establece la obligatoriedad para las empresas que cotizan en bolsa de publicar los sueldos de sus máximos consejeros de forma individualizada. Este tipo de legislación es habitual en países de capitalismo anglosajón, en los que la máxima es facilitar el control de los administradores de las principales corporaciones por parte de accionistas y mercados. En Alemania, sin embargo, el contexto en el que surje esta ley apunta más a la necesidad de reprobar socialmente a algunos directivos con altos sueldos: actualmente se repiten fuertes críticas a las grandes empresas que pese a obtener importantes beneficios prescinden de miles de empleos. El directivo irresponsable socialmente puede quedar a la vista de todos, por culpa de la transparencia y la RSC, como un sinvergüenza que pone a gente en la calle al mismo tiempo que se sube el sueldo.

Mantener unos niveles aceptables de equidad en el abanico salarial debe seguir siendo un objetivo social. En los últimos tiempos, las posibilidades de remuneración de los directivos se han ampliado con instrumentos como las opciones sobre acciones. La distancia entre el empleado que menos recibe y la cúpula de la empresa se ha ampliado espectacularmente. Hace pocas semanas, escandalizaba en Francia el anuncio de que el director saliente de Carrefour cobraría 38 millones de euros a modo de indemnización. Pero en España hemos visto la trayectoria judicial de un caso similar y protagonizado nada menos que por el presidente del primer banco, el Grupo Santander. Botín ha sido juzgado por unas indemnizaciones multimillonarias pagadas a dos de sus directivos, pagos que por su exagerado importe fueron calificados de apropiación indebida y administración desleal. Finalmente, el banquero ha obtenido la sentencia de absolución al encontrar los jueces que las indemnizaciones se correspondían con la responsabilidad asumida. Casi nadie puede compartir esta sentencia, que avala los 108 millones que recibirá el anterior copresidente del banco, pero poco parece importar a los gerentes de las empresas. Siempre que no exista un control suficiente, los directivos con poder para subirse el sueldo tendrán como objetivo prioritario su propio bienestar. Legitimando la actuación de los amigos de los sueldazos, se está dando a los administradores el poder de libre disposición del dinero de los accionistas.

15 de mayo de 2005

Asia central y las revoluciones de terciopelo

En estos días se vive en Uzbekistán una confusa crisis política que ha puesto contra las cuerdas al presidente del país, Islám Karímov. Los acontecimientos relatados dan cuenta de graves sucesos en la ciudad de Andizhán, en el valle de Ferghana, una de las zonas más pobladas del país. Las protestas callejeras contra la detención de 23 comerciantes acusados de extremismo islámico terminaron con la ocupación de un cuartel para la obtención de armas y el asalto a la cárcel local que permitió que estos hombres y otros miles de presos fueran liberados. El gobierno de Uzbekistán ha puesto todo su empeño en sofocar esta revuelta popular, que corre el riesgo de extenderse a otras regiones, y se habla ya de cientos de muertos civiles por la represión y de miles de refugiados uzbecos que han emprendido la huida a Kirguizistán. Este levantamiento se ha visto precedido por masivas manifestaciones de la oposición al régimen de Karímov, un despótico ex dirigente soviético que comanda con mano de hierro la república centroasiática desde 1991. Esta tiranía se ha visto amparada por sus buenas relaciones con los países occidentales, en especial con EEUU, que mantiene una base militar en su territorio, para no dejar ningún espacio a la oposición en las sucesivas elecciones convocadas. Aplastada la posibilidad de partidos democráticos de carácter laico, el mayoritario culto musulmán de la población ha dado pie a un movimiento islamista de reivindicación nacional y religiosa que conecta con el extremista e ilegalizado partido Hizb-ut-Tahrir, bestia negra del presidente uzbeco.

No resulta extraño que un régimen antidemocrático como el imperante en Uzbekistán coloque a la amenaza integrista en el punto de mira de su política de represión. Auspiciado por la lucha contra el terrorismo internacional, el gobierno de esta ex república de la URSS obtiene el necesario dominio interno y el anhelado liderazgo regional mediante el control total del país. Uzbekistán es el estado más poblado de Asia central, zona de indudable interés energético y cuya influencia se disputan EEUU, Rusia y China. La estabilidad del régimen uzbeco está en peligro por posibles rebeliones de inspiración islámica, o bien por un levantamiento popular mayoritario. Los sucesos recientes sugieren, sin embargo, que la violencia no estará excluida de un cambio de régimen. Lo ocurrido no encaja exactamente con el tipo de 'revolución de terciopelo' que ha dado la vuelta al poder político en otros países de la región. Emulando el derrocamiento de regímenes de la Europa del Este, los ciudadanos de Ucrania denunciaron en las calles el fraude electoral de diciembre de 2004 por el que se mantenía en el poder el prorruso Yanukovytch, lo que dio lugar a una repetición de las elecciones en las que fue elegido Yushchenko, el líder de la 'revolución naranja'. El mismo fenómeno, movilización popular pacífica contra gobernantes autocráticos, había posibilitado un año antes la caída del régimen del presidente Chevardnadze en Georgia, en lo que fue la 'revolución de las rosas', pionera en un nuevo periodo de florecimiento democrático que afecta especialmente a países que formaron parte de la Unión Soviética.

Últimamente se están interpretando estos movimientos, no sin razón, como un factor de cambio que encaja en la estrategia de EEUU y las demás potencias occidentales de atraerse el favor de estos países. Rusia está perdiendo influencia en un nuevo giro hacia la democracia occidental de sus antiguos aliados y territorios. Ejemplos como el de Moldavia son claros: el alejamiento de la política de Moscú es tal que incluso la reciente victoria electoral del Partido Comunista es vista como un signo de acercamiento a la UE. En Asia central el mapa parece estar igualmente en continua ebullición. La falta de libertades es denominador común de la zona y ha propiciado una ola de protestas en Kirguizistán con las características ya conocidas. La denuncia de la corrupción del poder y las manifestaciones de la oposición kirguiz en la 'revolución de los tulipanes' han llevado a la dimisión del presidente Akáyev y la convocatoria de elecciones presidenciales. Un patrón que se repite en estas repúblicas centroasiáticas es el que parece estar ausente de Uzbekistán, pues la situación no se ha mantenido en orden tras la protesta y el régimen conserva el favor exterior. Pero todo el mundo mira a estos derrocamientos de gobernantes impopulares con la duda de la ayuda que la política estadounidense está prestando a los grupos de oposición que protagonizan las 'revoluciones de terciopelo'. Tayikistán, Turkmenistán y Kazajstán pueden estar en la lista de países candidatos a próximas rebeliones populares en Asia central. Serán revoluciones pacíficas, en cualquier caso, pues los intereses energéticos no admitirán otra cosa que cambios de régimen tranquilos y con marca democrática.

8 de mayo de 2005

El ejército profesional y el 'employer branding'

La mayoría de los países desarrollados han afrontado en los últimos tiempos el reto de la profesionalización de los ejércitos. Constituye éste un cambio trascendental para una sociedad que ha visto, de un día para otro, la desaparición del servicio militar instaurado a la par que los mismos Estados democráticos. La resistencia a esta imposición estatal ha pasado, como la propia 'mili' y sus consecuencias, a los libros de historia con la transformación de un ejército de leva obligatoria en uno plenamente profesionalizado. En España se decidió adoptar este modelo de ejército profesional con larga tradición en otros países en 1999. Se arguyó entonces, quizás con razón a la vista de los resultados, que en el caso español el reclutamiento de voluntarios sería problemático por falta de identificación de la población con sus ejércitos. Tendría que llevarse a cabo, como se hizo, una campaña para mejorar la imagen de lo militar en unos momentos en que el pacifismo como valor anulaba incluso los elementos positivos que en otros países se reconocían al ejército. Peculiaridades españolas que sólo se entienden si analizamos la historia. Sea como fuere, la ley preveía un modelo muy parecido a una 'mili' pagada para unos 120.000 soldados, pero años después el fracaso se constata en los apenas 70.000 que logra mantener el ejército profesional. Resulta evidente que las condiciones laborales que se ofrecen a los soldados no son suficientemente atractivas.

El principal problema se detecta en las entradas y salidas del ejército, 11.000 al año, lo que supone un periodo medio de permanencia de no más de cuatro años. El Ministerio de Defensa considera excesivos estos movimientos, pues no permiten una profesionalización adecuada. Cualquier empresa tiene en cuenta su capacidad para retener, una vez atraídos, a los mejores empleados. El ejército no ha logrado motivar a su tropa profesional con los sueldos pagados, que siguen siendo bajos, y tampoco ha sabido conservar a los mejor preparados, que eran despedidos al alcanzar los 35 años. Para intentar paliar estas carencias del ejército como empleador, se ha iniciado el trámite de una ley sobre tropa y marinería que mejora las condiciones laborales con el objetivo de formar una plantilla de 86.000 soldados profesionales. Soluciones parciales, como la aceptación de extranjeros en el ejército, son insuficientes para elevar el número de efectivos reclutados. Es por ello que, una vez más, se lanza una política que podría ser denominada de 'employer branding' o de mejora de la marca como empleador, para transmitir una imagen del soldado como opción atractiva para desarrollar una profesión y ventajosa respecto a otros empleos. El Estado tiene la necesidad de venderse como un buen patrón de sus empleados, precisamente, para mejorar el reclutamiento y reducir el esfuerzo actual de captación mediante costosas campañas publicitarias.

Gestionar los recursos humanos es una de las tareas más complejas de cualquier organización. Se llama 'employer branding' a la necesidad de dotar a una empresa de ventajas competitivas para mejorar los atributos asociados a su marca con un objetivo muy concreto: ser atractiva para los empleados, tanto actuales como potenciales. Con la marca interna se consigue vincular a los empleados con la organización, se evita que los mejores profesionales se marchen a la competencia y se agiliza el reclutamiento de nuevos empleados. Tener muchos candidatos a un puesto incrementa las posibilidades de éxito en la selección. Esto lo sabe el ejército, que busca con una mejora laboral el aumento del número de candidatos a profesionales de tropa y marinería. Algunas de las medidas anunciadas son la posibilidad de seguir en las Fuerzas Armadas hasta los 42 años, el derecho a recibir una asignación económica equivalente al salario mínimo desde esa edad hasta la jubilación y la reserva de un cupo de plazas para los soldados que quieran acceder a la Guardia Civil o a la Policía. Ofrecerles lo necesario para asegurarse una aceptable carrera profesional después del trabajo en el ejército es el objetivo que se marcan los responsables de Defensa. Porque es lo requerido por el mercado laboral para atraer a suficiente personal a un ejército cuya política de 'employer branding' no ha resultado, hasta el momento, tan exitosa como la desarrollada por las empresas que figuran en las listas de compañías preferidas para trabajar.

1 de mayo de 2005

La solidaridad interterritorial y la progresividad fiscal

El modelo territorial desarrollado en la España constitucional se basa en la descentralización. Sin embargo, la configuración de un Estado formado por Comunidades Autónomas tras un poder centralista de cuatro décadas de autoritarismo ha hecho navegar al sistema en la indefinición. Se ha dicho que la arquitectura territorial se queda a medio camino entre el Estado unitario y el modelo federal. Pero más cierto es que existe una administración descentralizada con criterios propios del federalismo, a la que le falta una articulación institucional que dé coherencia al modelo. Uno de los aspectos en los que se hace notar el hueco de la inexistente estructura federal es la financiación de los entes territoriales. No existe una clara delimitación de los impuestos que financian cada nivel administrativo, lo que ha conducido a múltiples mecanismos de negociación para determinar las capacidades presupuestarias de las autonomías. La financiación autonómica ocupa el centro del debate que, acerca del modelo territorial, hay abierto actualmente. Se pretende que el acuerdo de todas las partes dé lugar a un reajuste del sistema autonómico con el objetivo de hacerlo más estable. El futuro del modelo dependerá en buena medida de cómo se resuelvan las discrepancias sobre la financiación y, como derivada de esta negociación, de cuál sea la materialización del principio constitucional de la solidaridad entre territorios.

En el debate ideológico sobre la financiación autonómica, se esgrimen con frecuencia argumentos en contra de la solidaridad interterritorial. Esta solidaridad no es, en realidad, más que una consecuencia de la solidaridad interpersonal que hace posible el sistema impositivo, pues quienes tributan son las personas y no los territorios. Cuando se habla de solidaridad se está aludiendo al efecto que sobre la distribución de la renta ejerce una fiscalidad progresiva. La redistribución que realizan los impuestos se fundamenta en la mayor justicia de esta situación frente a la distribución que realiza el mercado. En la medida en que unos territorios tienen un nivel de renta per cápita menor que el nivel de otros territorios del mismo estado, habrá flujos financieros entre regiones que se expliquen de forma exclusiva por la solidaridad interpersonal. En circunstancias poco propicias a la intervención pública, clamar contra la solidaridad interterritorial es igual a cuestionar la capacidad redistributiva del sistema fiscal. Los mismos argumentos que advierten del 'expolio' fiscal que sufren los territorios con mayor nivel de renta pueden utilizarse para exigir una menor progresividad de los impuestos. Sin embargo, en la discusión que enfrenta los intereses de las regiones 'ricas' con las regiones 'pobres' a cuenta de los términos de la solidaridad, con frecuencia las primeras aluden a su capacidad para decidir el destino de todo el dinero recaudado por los impuestos.

Los entes territoriales deben tener capacidad normativa, pues decidir sobre el diseño tributario contribuye a que se tomen en serio la corresponsabilidad fiscal, que es lo mismo que responsabilizarse por el gasto. Pero las autonomías no pueden dejar al poder federal o central sin impuestos propios: los necesita para garantizar que habrá solidaridad entre territorios siempre que existan divergencias económicas entre ellos. Esta solidaridad vía impuestos es la contrapartida a la creación del mercado interior -aunque ahora pierda éste importancia con la globalización- que se produjo con el proteccionismo industrial que benefició en el pasado a algunas regiones, frente a otras que aportaron al proceso mano de obra a través de la emigración. Las balanzas fiscales son un instrumento teórico de dudosa utilidad práctica -pues el resultado depende de la metodología elegida- que trata de medir los saldos impositivos de cada territorio con la administración central. Estas balanzas dan la medida de la solidaridad y sirven para justificar limitaciones de la misma en beneficio de los territorios con saldo negativo. Pero el mismo valor tendrían en una negociación sobre la financiación autonómica las balanzas comerciales, de renta, etc. Malamente podrá ser aprobado por consenso cualquier cambio en la arquitectura del modelo territorial que ponga en cuestión la solidaridad como objetivo del sistema fiscal.