27 de febrero de 2005

La calidad y la gestión política

En el funcionamiento diario de las organizaciones suele importar, por encima de cualquier otra consideración, el resultado. Pero hace tiempo que el estudio de la calidad ha demostrado que, en vez de dirigir todo el esfuerzo supervisor hacia los resultados, es mejor realizar un control de los procesos. Si nos limitamos a comprobar que el producto que buscábamos coincide con el que obtenemos, existe el riesgo de un alto nivel de fallos intermedios que arruine toda la producción. Controlar los procesos previene los errores finales. Y preferible a este tipo de control es la gestión integral de la actividad que realiza la organización, ya se trate de una empresa o una administración pública. Gestionar de manera integrada todos los procesos, recursos y resultados implica ir más allá del simple control. En el terreno de la actividad productiva, las empresas se han subido al carro de los sistemas de gestión de la calidad de la mano de las certificaciones que se obtienen a partir de las conocidas normas ISO. Esto supone implantar un modo de actuar en la organización encaminado a incrementar la calidad de lo que hace. Tener como objetivo la excelencia es activar el motor de la mejora continua y la única manera de evitar la decadencia de una organización.

La mediocridad está presente en cualquier actividad humana. En una empresa se puede decir que la aceptación de la mediocridad es el más claro síntoma de que las cosas no se están haciendo bien. Cuando se habla de gestionar la calidad, se insiste en que la preocupación por la misma se fundamenta en la más primaria preocupación por satisfacer al cliente. Las acciones mediocres no conducen a este objetivo prioritario. Una empresa busca la excelencia por medio de la realización de un producto que satisfaga a sus clientes. Y una administración pública alcanzará los niveles de calidad perseguidos cuando cubra las expectativas de los ciudadanos. La gestión pública ha ido incorporando en los últimos tiempos herramientas similares a las utilizadas en otras organizaciones para someterse a estándares de calidad. En muchos de los servicios públicos ofrecidos por las administraciones, se trata de un compromiso previo con los resultados. Hay otras actividades que realiza el Estado, como pueden ser las obras públicas, en las que la calidad va unida a la seguridad o la gestión medioambiental. Desde un punto de vista meramente técnico, la exigencia de calidad en el sector público no tiene más complicaciones que las presentes en una empresa. Sin embargo, el aspecto político introduce una clara diferencia.

La dirección de una empresa, en lo referente a objetivos de calidad, es la última responsable y está sometida a los accionistas. La administración pública está dirigida por los políticos, que deben rendir cuentas a los ciudadanos. Pero al estar el sistema político estructurado en partidos, nos encontramos con que la gestión política de la administración dependerá de las personas que éstos coloquen en cada puesto de dirección. Los responsables públicos son, en su mayoría, elegidos por afinidad partidaria y no por competencia en la gestión. De modo que el control queda más difuminado: la calidad de su gestión será cosa a supervisar por la opinión pública, los medios y los grupos de presión, además de por los adversarios políticos. Casos recientes de errores en obras públicas con graves consecuencias -la construcción del AVE de la línea Madrid-Lleida y los túneles del metro en el barrio del Carmelo de Barcelona, ambos por fallos en los estudios geológicos- demuestran que la conformidad técnica de las actuaciones no es el único requisito: importa también la gestión política. Anteponer los plazos de ejecución o las restricciones presupuestarias a la seguridad supone un error en la dirección política. Gestionar la 'res publica' no es fácil. Es por ello que cada vez se hacen más necesarias formas de implantar y evaluar la calidad de los responsables políticos.

20 de febrero de 2005

Cuando Nepal es noticia

Cualquiera que se acerque de manera inocente a la actualidad internacional que reflejan los medios de comunicación, con el objeto de analizar el origen geográfico de las noticias que preocupan al mundo, no puede sino llevarse la impresión de que éste es un mundo de locos. Hay países que virtualmente no existen para la mayoría de los periódicos o los noticiarios: nunca ocurre nada en ellos que merezca siquiera un breve en el bloque de información internacional. La evidencia de que todo gira en torno a las potencias políticas de turno y los conflictos armados con más 'glamour' mediático es suficiente para demostrar que muchos rincones del planeta sólo adquieren relevancia informativa cuando la anormalidad irrumpe en su escandalosa normalidad. Un país como Nepal, por ejemplo, nunca podrá ser noticia por tener uno de los niveles más altos de pobreza. Es un país peculiar, situado en plena cordillera del Himalaya, que muchos conocerán por las expediciones hacia las cimas de los 'ochomiles'. Sin embargo, el entorno político en el que viven sus más de veinte millones de habitantes importa lo mismo que conocer cuál es su renta per cápita. Nepal da el salto a las portadas cuando la noticia es suficientemente llamativa: así ha ocurrido con los recientes sucesos en el país. La monarquía constitucional ha dado paso, tras el golpe de Estado ejecutado por el propio rey, a un régimen sin libertades y que se sostiene en la fuerza del ejército leal a la monarquía.

El conflicto enquistado de Nepal se llama lucha contra la guerrilla maoísta que controla buena parte de las zonas rurales del país. Desde 1996 han sido unas 9.000 las víctimas de los ataques 'rebeldes', e intensa ha sido la campaña de represión del ejército 'real' de la monarquía nepalesa. Derrocar al rey, como representante de las castas poderosas del país, es el objetivo único de los maoístas que utilizan la violencia para controlar el territorio. El enfrentamiento con las fuerzas armadas ha hecho que se esfume cualquier esperanza de respeto por los derechos humanos, mientras las negociaciones de paz han ido de fracaso en fracaso. El pasado 1 de febrero se declaró el estado de excepción, que finalmente ha derivado en un golpe de estado autoritario del rey Gyanendra que asume todos los poderes. La historia reciente de Nepal está marcada por los intentos de instaurar una democracia constitucional, en varias ocasiones fracasados por el papel autocrático reconocido al rey. Desde 1990 existía un sistema de partidos políticos que ha sido ahora suspendido, en principio temporalmente, aunque la experiencia muestra que la restricción de las libertades puede prolongarse. En el exterior los analistas subrayan como determinante el hecho de que los maoístas «no sean lo suficientemente fuertes para ganar la guerra, ni lo suficientemente débiles para perderla», lo que ponía al gobierno nepalés en una difícil situación. Ahora el gobierno legal está derrocado.

El apoyo de potencias como EEUU y Reino Unido, antiguo imperio colonial esta última, hace que sobreviva la monarquía incluso después de los sucesos de hace cuatro años, cuando el heredero al trono de Nepal masacró a su familia y ocasionó una crisis política. El actual monarca es el tío del príncipe que asesinó a toda la familia real. Y no ha dudado en sustituir el gobierno por uno nombrado por él mismo con la excusa de que el anterior era incapaz de resolver el problema terrorista. La legalidad pisoteada por la emergencia de la seguridad: la situación del país ni siquiera ha urgido a cuidar las formas de lo que es un golpe en toda regla. El historiador Henry Kamen, que tiene por línea materna vínculos con el pueblo gurkha del Nepal, ha escrito sobre la crisis un artículo en el que señala el apoyo que recibe el rey Gyanendra de países de la zona. Especialmente de China, que también está preocupada por la represión de actividades terroristas. Los que se hacen llamar maoístas siguen el ejemplo de grupos como Sendero Luminoso, pero no son bien recibidos en la patria de Mao. El impacto de la violencia en este área del mundo eleva las precauciones ante la extensión del terrorismo como método de lucha política. En unos momentos en los que se ha situado el problema terrorista como prioridad internacional, el caso de Nepal bien puede servir como grave aviso. La mayor victoria que puede obtener la violencia es que la tarea de su erradicación se lleve consigo la democracia.

13 de febrero de 2005

Tres actitudes ante la Constitución Europea

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa fue aprobado en junio de 2004 en Roma. El proceso abierto entonces es el de su ratificación por los gobiernos y por los ciudadanos que están llamados a votar el texto en las urnas. El Tratado recoge el legado de los tratados anteriores y sirve para relanzar la idea de una unión política sólida en Europa. Se trata de dejar atrás el escenario de una simple unión de intereses económicos. De un lado, la actitud que se puede manifestar ante este reto que se marca la UE es la de esperar que los valores compartidos por todos los europeos queden garantizados por lo establecido en esta Carta Magna. Artículo 2, sobre los valores de la Unión: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». Artículo 3: «La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos».

Los objetivos que establece el Tratado constitucional son acordes con las aspiraciones políticas de la mayoría: «La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y un mercado interior en el que la competencia sea libre y no esté falseada. La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». Sin embargo, emerge por otro lado una actitud recelosa de la voluntad de los gobernantes para hacer funcionar de verdad la Unión con planteamientos supranacionales y plenamente democráticos. El reparto de poder entre las instituciones es más equilibrado, con el refuerzo colegislativo del Parlamento, pero no muy satisfactorio.

Como síntesis de las dos actitudes anteriores, nace la aprobación con criterios pragmáticos del Tratado que representará un paso decisivo en la integración europea, a pesar de ser un acuerdo de mínimos. En el fondo, la actitud no muy entusiasta de muchos se resume en considerar la Constitución un avance imprescindible pero no suficiente. Para después de su ratificación queda la tarea más importante: convertir a Europa en algo más que «una Suiza hipertrofiada, próspera pero irrelevante», como la ha definido Josep Borrell. Escribe el presidente del Parlamento Europeo para animar la participación en el referéndum: «Esta Constitución nace sin estridencias y sin drama, mientras que las constituciones han nacido en momentos intensos de la historia de los pueblos: su independencia, una gran transformación social o el fin de una dictadura. Quizás por eso corremos el riesgo de creer que es un hecho sin trascendencia y que no atraiga la atención de los ciudadanos. Sin embargo, estamos ante un momento crucial. Europa no se puede quedar ensimismada y necesita seguir avanzando. El mundo va a un ritmo vertiginoso y no espera a que Europa decida 'ser' o 'no ser'. La Constitución sienta las bases para que Europa 'sea' una comunidad política y no sólo una gran área de cooperación entre buenos vecinos. Aceptarla o rechazarla significa, en el fondo, optar por una de esas dos alternativas».

6 de febrero de 2005

Las ONG y la ayuda humanitaria (y II)

Se afirma con frecuencia que las organizaciones no gubernamentales son las que proporcionan la verdadera ayuda en los casos más graves de crisis humanas. Son flexibles y suelen llegar antes donde hace falta. La solidaridad canalizada a través de las agencias de los distintos gobiernos puede estar más influida por cuestiones políticas externas. Quizás no sea lo habitual, pero perfectamente podría ser diagnosticado como un riesgo permanente el que se desplace la ayuda de un lugar a otro en función de la publicidad que adquiere cada catástrofe. Es inaceptable que cuando sucede un fenómeno natural en un rincón del mundo, por ejemplo, se ofrezcan fondos a costa del presupuesto de ayuda para los refugiados de otro país. La generosidad selectiva por cuestiones de imagen no es de recibo. Los gobiernos han aportado, en relación con el tsunami en el Índico, millones de euros a los países afectados. Alguno que otro habrá salido de los fondos destinados a otros países. Pero incluso en las generosas cifras que exciben los responsables políticos puede haber trampa. El gobierno español ha caído en la tentación de articular parte de la ayuda en forma de créditos FAD, que no pueden utilizarse en la fase de emergencia. Éstos son en realidad ayuda ligada, puesto que generan deuda a los países receptores. No será el único gobierno que ha puesto en la misma cesta las donaciones y los créditos concedidos con cargo a un fondo de ayuda al desarrollo. Siempre se trata de inflar las cifras de la generosidad para no quedar mal.

Los créditos FAD son un importante instrumento para la cooperación al desarrollo que, sin embargo, ha recibido muchas críticas y se encuentra en cierto retroceso. Son concedidos con el doble objetivo de contribuir al desarrollo de los países con más dificultades e incrementar las exportaciones propias, en este caso españolas (el Fondo de Ayuda al Desarrollo fue creado en España en 1976). El destino del crédito es la compra de bienes o la contratación de obras a empresas del país concedente. Algunas ONG han cumplido con su papel crítico poniendo en evidencia no sólo que en muchos casos se contribuye a una peligrosa generación de deuda: también han apuntado hacia un posible problema de eficacia de los fondos reembolsables ligados a un objetivo de carácter comercial. Los gobiernos no son especialmente conscientes de la conexión entre las contribuciones financieras al desarrollo y la configuración de un sistema de comercio internacional con reglas justas. Ha sido también esta vez una ONG, Intermón Oxfam, la que ha puesto el dedo en la llaga de la contradicción: tres de los países más gravemente afectados por el tsunami, Indonesia, Sri Lanka y las Maldivas, salen perjudicados actualmente por las normas comerciales de la UE. Los altos aranceles que deben pagar sus productos para entrar en el mercado europeo constituyen una barrera a la recuperación económica que tanto precisan en estos momentos las zonas más dañadas por la devastación. Se puede ayudar a la reconstrucción, además de con donaciones, con un comercio con justicia.

La diversidad en el sector de las ONG está siendo un factor fundamental de la potencialidad creativa demostrada en sus acciones y sus reivindicaciones. Actúan en muchos frentes distintos y habitualmente con más reflejos que los gobiernos ante las necesidades de la gente. Esto las ha colocado, en las actividades de emergencia, como referentes de la ayuda humanitaria. Se ha hecho común la expresión «crisis humanitaria» para referirse a las situaciones de necesidad urgente. Y se ha dicho también que se trata de una incorrección lingüística: aquéllas a las que nos referimos son «crisis humanas», terremotos, inundaciones, etc. Ciertamente así es, pero la corrección ha hecho desaparecer un matiz. Hay crisis que producen también una crisis humanitaria, es decir, una crisis en la ayuda humanitaria que llega desde el exterior. La no atención genera más víctimas, y la expresión «crisis humanitaria» bien puede servir para ilustrarnos los incontables fracasos de la ayuda que ha intentado salvar una situación catastrófica y no lo ha logrado. Darfur, miles de desplazados; los refugiados en Burundi; las hambrunas y el sida que castigan a África; son algo más que dramas humanos. Cuando la mano que se tiende a estas poblaciones no es suficiente, todas estas crisis ponen de relieve el fracaso de la solidaridad que busca más tranquilizar conciencias que cumplir sus objetivos básicos. Y ello sucede a pesar del trabajo de tantas ONG que se desviven en el terreno por llevar a cabo, dentro de sus limitaciones, la misión que tienen encomendada.