31 de diciembre de 2005

2005 ya es parte de la historia

El espíritu de los tiempos suele quedar resumido en determinados géneros artísticos. El de estos tiempos que nos ha tocado vivir es el melodrama. Quizás, en todo caso, salpicado de ciertos toques de comedia. Porque cuando se intenta seleccionar los acontecimientos que han marcado los últimos años no queda otra sensación que la de un amargo poso de tragedias y odios. Es lo malo de realizar balances a final de año: la memoria no alcanza igual a recordar lo positivo y lo negativo, y esto último predomina en la mirada a los doce meses pasados. Ocurre que los hechos de verdadera trascendencia colectiva suelen estar ligados a grandes catástrofes a lo largo de historia. Es por ello que no concebimos como infinitamente más relevantes algunas de las pequeñas revoluciones cotidianas que experimenta la sociedad actual. La política vive los últimos años de convulsiones, dramas y profecías apocalípticas, pero no por esto termina de encajar en el espíritu con el que el ciudadano medio afronta su futuro. El 2005 ha tenido mucho de lo que abunda en esta década que contemplamos ya con una mejor perspectiva: desastres y cambios inesperados en una sociedad que vive acelerada. Sin embargo, esta velocidad impide analizar con detenimiento algunos de los grandes movimientos de fondo que transforman nuestro mundo para bien. Quizás porque estos cambios positivos se producen, según el pesimismo dominante, "a pesar de" cómo está el mundo. Una vez este año 2005 pase a la historia, sus principales hitos pasarán igualmente a alimentar este proceso dual de grandes tragedias y pequeñas esperanzas que compensan la balanza de las memorias anuales.

4 de diciembre de 2005

Las leyes contra el terrorismo y la privacidad

Es fácil constatar que los gobiernos han adoptado una agenda de medidas contra el terrorismo, en los últimos cuatro años, que no tiene reparos en endurecer el control sobre los sospechosos aun a costa de recortar las libertades públicas de todos los ciudadanos. La amenaza incierta de los terroristas, que han actuado en EEUU y en Europa con la misma eficacia criminal que en sus intervenciones en Oriente Medio, el norte de África o el sudeste asiático, ha servido de justificación para una batería de reformas legislativas. El riesgo que nadie puede negar en el debate permanente entre seguridad y libertad es que el terrorismo, a través del miedo infundido a la población y la consiguiente acción represiva de los gobiernos, socave los pilares de las democracias occidentales por la vía del recorte de derechos a los ciudadanos por parte de las propias instituciones democráticas. La conocida "ley patriótica" que aprobó el gobierno de Washington marcó el camino hasta cierto punto, pero no han sido por ello menos relevantes otras iniciativas, como la que terminó en el Reino Unido en un pulso entre Blair y la mayoría del parlamento británico que perdió el primer ministro. El objetivo final, sin embargo, salió adelante con la ampliación a 28 días del plazo de detención sin cargos de los sospechosos de terrorismo.

En la Unión Europea los diferentes ejecutivos han diseñado planes para el control eficaz de cuanto podía señalar pistas de persecución de los actos criminales. Esta incursión legislativa ha llegado a las telecomunicaciones con aspectos de tanta gravedad como la autorización de la traza privada de las comunicaciones personales sin control judicial. En España, un real decreto permite desde abril el acceso por parte de agentes del Estado sin conocimiento de un juez a los envíos y la recepción de correos electrónicos y otras comunicaciones, información que una vez capturada y procesada hace posible la vulneración del artículo 18 de la Constitución sin que los ciudadanos tengan constancia de ello. La retención de datos de las telecomunicaciones es también el centro del debate sobre seguridad en el seno de la Unión Europea. Desde hace año y medio se negocia la directiva que servirá de marco para las leyes nacionales. El reciente acuerdo alcanzado por los ministros de Interior establece un periodo de entre 6 y 24 meses en el que las compañías estarán obligadas a almacenar los datos relativos a las llamadas telefónicas y a internet.

Esta medida facilita enormemente el control de la intimidad de las personas, pues la retención de datos es el paso previo al fin del secreto de las comunicaciones que está garantizado en todos los países de la UE. La negociación del texto aprobado ha tenido fases de cierto absurdo, hasta el punto de que algún gobierno se oponía a la norma no por restrictiva sino porque podía limitar su capacidad para obligar a retener datos durante cuatro años, como establece su legislación interna actual. También se ha discutido sobre el coste de la medida. Hay quienes defendían que se subvencionara a las compañías operadoras de telecomunicaciones el almacenamiento de esta gigantesca cantidad de información. Al final serán éstas las que sufraguen todos los gastos, aunque nada impedirá que terminen pagando los usuarios finales. Sin embargo, los gobiernos prefieren hablar del paso hacia no se sabe dónde que supone esta legislación antiterrorista en vez de cuestionarse la supuesta eficacia de estas medidas. ¿Servirá de algo tener acceso al volumen inabarcable de información que se mueve todos los días en la red? Se necesitaría un ejército de funcionarios trabajando en el control de las comunicaciones. Los terroristas podrán seguir usando estas vías si usan códigos fuera del alcance de los servicios de inteligencia. El resultado final: un nuevo control estatal tremendamente costoso en términos económicos y, sobre todo, en libertades.

20 de noviembre de 2005

La memoria y el juicio histórico al franquismo

Los medios de comunicación recuerdan el trigésimo aniversario de la muerte de Franco. Su tarea es la de ir escribiendo una historia de recuerdos populares que permita enlazar el relato que enseñan los libros de texto con la memoria de un pueblo sobre su pasado más reciente. Los innumerables reportajes publicados repiten la misma idea de que aquella fue una etapa trascendental para España, la transición a la democracia, llevada a cabo de forma tan ejemplar, por pacífica, tras el entierro del dictador. Sin embargo, no es difícil adivinar un ligero cambio en la mirada general hacia un periodo que buena parte de la población no vivió de forma consciente. Así ocurre, de hecho, con cualquier acontecimiento histórico transcurrido el tiempo de más de una generación. El franquismo es visto ya con más indiferencia que otra cosa, por lo lejano que resulta a todos los nacidos tras 1975. La dictadura es un periodo que a muchos cuesta cada vez más creer que se produjera en este mismo país que treinta años después está a la vanguardia del mundo desarrollado. El juicio negativo sobre Franco ha arrinconado a los residuos de aquel régimen y lastrado cualquier perspectiva electoral de la extrema derecha. Sin embargo, la historia como elemento de identidad no ha sido abandonada en el panorama político. El pasado traumático de la guerra civil vuelve a estar de actualidad en las evocaciones de muchos discursos. Quizás porque aún no ha pasado el tiempo suficiente para digerir completamente el legado de cuarenta años de autoritarismo, la ola de recuperación de la memoria ha despertado viejas rencillas tras las décadas de olvido que siguieron a la modélica transición. La superación de las dos Españas es, en algunos aspectos, todavía una tarea pendiente.

La habitual polarización política de la sociedad adquiere en nuestro país algunos tintes dramáticos. Parece como si el pasado fuera el principal determinante de los planteamientos políticos actuales. En la práctica, la izquierda y la derecha son cosas muy diferentes de lo que pudieron representar hace setenta años. El papel de esa tercera España que poco se recuerda se juega ahora en términos de una mayoría sociológica amplísima que no permite la vuelta a los extremismos que desembocaron en una guerra civil a mitad del siglo XX. La política de esta democracia consolidada que tenemos, tan aburrida como la que más del continente, tiende sin embargo a recurrir a los antepasados ideológicos de los diferentes partidos con inusual frecuencia. El juicio sobre un pasado que aún está vivo en la memoria de los españoles de más edad sirve para alimentar la identidad política de grupo. Esto demuestra, a pesar de ser algo habitual en cualquier corriente ideológica, una incapacidad para construir referentes que no estén anclados en una historia llena de hechos que nadie quiere repetir. La historia como elemento de la identidad política debería servir para la elección de los referentes que de verdad son provechosos para cada ideología, y no para buscar razones que avivan el enfrentamiento en aquellas épocas traumáticas para un país. España ha cambiado como pocos países en las últimas décadas, pero la profundidad de estos cambios parece no haber afectado a la conciencia sobre su propio pasado. Desmantelado el franquismo, quedó pendiente construir un discurso histórico que uniera y no dividiera, como había ocurrido a lo largo de todo un siglo. Quizás sea todavía pronto para tal tarea, por increible que parezca, y algún intento de revisionismo actual no sea más que una fiebre que se pasará una vez repose el juicio histórico.

13 de noviembre de 2005

El mensaje de los suburbios franceses

Los incidentes en París comenzaron una noche y aún no han podido ser contenidos. Las principales ciudades de Francia se acostumbran a los disturbios que dejan imágenes de llamas y a unas autoridades desbordadas por los acontecimientos. Miles de coches quemados, edificios públicos incendiados y ataques a comercios son el resultado de una ola de violencia en las calles que el ministro Sarkozy, al mando de la policía, atribuyó a la 'chusma', identificando a los autores con el entorno social al que pertenecen. Los amotinados se reparten por todo el país, viven en suburbios marginados del resto de la población y encontraron en el desprecio gubernamental una razón para continuar la protesta. Con la violencia buscan transmitir un mensaje desde su situación de exclusión, como portavoces de unos barrios olvidados por los dirigentes políticos. Los jóvenes se enfrentan a la policía: el problema deja atónito a todo el continente europeo por inesperado. El gobierno francés trata de responder con una doble oferta, mantenimiento del orden público y promesas de políticas sociales. Para lo primero se sienten incapaces y se declaran toques de queda. Lo segundo es una mano tendida a los protagonistas de unos disturbios, injustificables como toda violencia, que están señalando una grave situación que había pasado desapercibida a ojos de muchos.

Los rebeldes de los suburbios franceses son de origen inmigrante. La mayoría de segunda y de tercera generación, lo que significa que son ciudadanos de Francia a todos los efectos. Pero por encima de todo son excluidos de una sociedad que no ha terminado de asumir el papel de los que vienen de fuera. La inmigración de hace quince, veinte o treinta años llegó de África como mano de obra; después serían familias que no regresarían a su país porque su país iba a ser desde ese momento aquel en el que habían encontrado trabajo. Ahora estos hijos de magrebíes y subsaharianos son franceses que no encuentran un empleo como el de sus padres. El ministro de Interior amenaza con la expulsión a su país de origen de los detenidos por los actos de violencia. ¿No se ha dado cuenta de que la mayoría son ciudadanos franceses? La integración de los inmigrantes está en duda en toda Europa. Tanto discutir sobre modelos de integración y multiculturalidad, y resulta que el problema estalla de forma inesperada en los guetos donde viven inmigrantes pobres. ¿Ninguno de los expertos que asesoran a los gobiernos se percató de la bomba de relojería que supone la marginalidad cuando afecta a una población que viene de fuera y no encuentra motivos para integrarse? La falta de oportunidades es la mecha de un descontento que se manifiesta de forma brutal en las calles.

En general, está costando entender lo ocurrido: los hechos hacen aumentar la preocupación por la inmigración como problema. El verdadero problema no es que lleguen inmigrantes sino su integración. Es algo que debe ocupar a todos los países europeos y no sólo a Francia. La sociedad ha de ser consciente de qué se hace mal para que los marginados vean cerradas todas las puertas. El ascenso social no funciona si a los que provienen de familia inmigrante se les discrimina y excluye de ámbitos de poder. Quien ha adquirido la ciudadanía gozará de la garantía plena de sus derechos fundamentales, pero quizás se le usurpe el derecho a la identidad: a unir en un mismo sentimiento su origen y su condición de nacional de un país europeo. Los derechos de los extranjeros que llegan con o sin papeles siguen siendo un caballo de batalla. Sin embargo, en el terreno de reafirmar la pertenencia, mediante los derechos políticos y sociales, de los nacionales de origen inmigrante, no deberían existir dudas. Si se ignoran estos derechos, los ciudadanos de los suburbios franceses no tendrán motivos para seguir creyendo que aquella es su nación y que el estado se preocupa por ellos. La exclusión social de raíz económica y laboral se une, de esta manera, a una grave exclusión de su sentimiento de ciudadanía.

5 de noviembre de 2005

Prodi y el cambio en la política italiana

La política italiana de las últimas décadas ha estado marcada por fenómenos singulares que, no obstante, también se han manifestado en otros países europeos: la corrupción en los partidos, la inestabilidad de los gobiernos, la violencia como arma política. El resultado de un sistema electoral bastante peculiar es la significativa fragmentación política que existe, con muchos partidos medianos y pequeños que alcanzan representación parlamentaria. La coherencia y estabilidad del bipartidismo presente en democracias con similar tradición a la italiana se ha echado en falta en la política de este país cada vez que un cambio de gobierno trastocaba mayorías electorales o un cambio de mayorías parlamentarias significaba la investidura de un nuevo gobierno. Las coaliciones han sido la tabla de salvación ante las innumerables escisiones y divisiones en los partidos. Después de un periodo turbulento por las disputas en el seno de gobiernos de la izquierda, un personaje como Silvio Berlusconi alcanza la presidencia del Consejo de Ministros con el apoyo de conservadores, posfascistas y la Liga Norte. Era el candidato más valorado cuando hace cuatro años los italianos hastiados con los políticos profesionales pusieron la república en manos de este líder con carisma y poder mediático, el hombre más rico de Italia.

Estos años de relativa estabilidad proporcionada por el gobierno de Il Cavaliere no están exentos de una larga relación de problemas que el centro-derecha sigue sin resolver y de una permanente polémica por las modos de hacer política del magnate milanés. La oposición a Berlusconi ha ido creciendo poco a poco, recuperándose del débil resultado en las urnas de la coalición de centro-izquierda. Los partidos que ocupan este espacio han buscado el escenario idóneo para que la alianza electoral que han llamado L'Unione tenga posibilidades de éxito en las elecciones de la próxima primavera. Primero se ha creado la necesidad de cambio, ante una política efectista en un primer momento pero poco efectiva de un Berlusconi en continua confrontación con sus críticos. Después ha llegado el cartel más valorado por muchos italianos, un viejo conocido que vuelve a casa tras presidir la Comisión Europea. Romano Prodi regresa como líder de la izquierda que le ha respaldado en unas históricas elecciones primarias.

Berlusconi presume de que sólo él puede mantener unido a su bloque político para ganar en votos. El centro-izquierda necesitaba también la baza electoral de un candidato valorado por los suyos. Prodi tiene en su mano articular un cambio de gobierno desde la suma de diferentes sensibilidades en la oposición a Berlusconi. Como anticipo de un posible triunfo dentro de unos meses, el candidato del renovado Olivo ha obtenido el apoyo del 73,5% de los votos en unas primarias abiertas a los ciudadanos. Más de tres millones de italianos participaron en esta demostración de unidad y democracia interna de la coalición que más dificultades ha tenido para aglutinar en un bloque electoral las diferentes formaciones políticas que lo integran. Como dice Alberto Haj-Saleh, en su carta desde Italia en el Libro de Notas, «toda la izquierda ha hecho una piña por primera vez en diez años en torno a su candidato». Los dirigentes de los partidos han dejado para otro momento los tan queridos navajazos contra el compañero de formación y escuchan a sus votantes en la demanda de unidad. No es fácil organizar coaliciones que puedan tener éxito electoral, pero Prodi se encuentra en una situación envidiable para que la suma de fuerzas dé lugar a un cambio en el gobierno y cierre la era Berlusconi de la política italiana.

24 de octubre de 2005

Alarma por la gripe aviar

El ser humano se aterroriza ante la proximidad de aquellos desastres que han asolado su existencia desde que puebla este planeta: la guerra, el hambre, las catástrofes naturales, los terremotos. Entre los que tienen como causa la naturaleza, la enfermedad ha ocupado un lugar destacado. Por esta razón, la cada vez más interconectada sociedad actual se pone en guardia en cuanto ve acercarse un peligro que reconoce como letal. El virus de la gripe ha dado suficientes muestras de que es un enemigo a temer. Ha provocado grandes pandemias en el siglo XX. Esta enfermedad infecciosa se ha llevado la vida de miles de personas, sin contar la extrema mortalidad alcanzada en breve tiempo y que se cuenta por millones de la que se considera mayor pandemia de la historia: la llamada "gripe española" de 1918. Vivimos unos años en que todo parece ir acelerado, incluido el miedo a que un nuevo virus se extienda por la aldea global con la misma letalidad que en el pasado. La gripe aviar detectada en Asia hace ocho años por primera vez en humanos disparó las alarmas; nuevos casos registrados en 2003 han aumentado la preocupación de las autoridades sanitarias.

La gripe del pollo ha dado lugar a una inequívoca señal de peligro por el riesgo considerado por los científicos de que el virus pase a los humanos y mute. La mutación antigénica con la gripe humana daría lugar a un subtipo muy contagioso y de difícil control. Este hecho puede estar cerca, hay quien lo da por seguro y significaría la extensión de la enfermedad por todo el mundo. Al mando de este riesgo de pandemia están los gobiernos que se responsabilizan de la salud, que habitualmente abarcan distintos ámbitos. En España la administración sanitaria es competencia autonómica, aunque existe un ministerio de la cosa y una competencia europea de la que se encarga el comisario correspondiente. Por encima de todos ellos, la Organización Mundial de la Salud ha despertado hasta al último de los funcionarios encargados de la salud pública con sus alertas y recomendaciones. En esta escalera de administraciones, diferentes voces han convergido en el contradictorio mensaje que se le está enviando a la población. Por un lado, se avisa de que la gripe aviar puede tener consecuencias graves de las que debemos tener conocimiento. Y por otro, se condena todo alarmismo y se intenta transmitir tranquilidad con el conjunto de medidas que las autoridades dicen haber tomado. Pero nadie tiene claro cuál de los dos mensajes es más fiable: que lo viene es una pandemia muy preocupante o que no hay por qué alarmarse innecesariamente ante semejante eventualidad.

Los expertos coinciden en que las últimas pandemias de gripe han sido graves, a pesar de que cada vez han costado menos vidas en comparación con la anterior. Se predice por los datos de la historia que cada treinta o cuarenta años se produce una pandemia de consideración, y la última se propagó entre 1968 y 1969. Ahora puede tocarnos otra, agravada por la facilidad con que el virus se extendería gracias a la movilidad humana. Pero la revolución de los transportes no es el único factor que posibilitaría el salto del virus de Asia a algún país occidental, y de éste a todo el mundo a través de los aeropuertos. También viaja el virus, en su modalidad animal, por el desplazamiento de las aves migratorias. Esto hace que se haya estrechado el cerco a las poblaciones de aves en las que se ha detectado la gripe, en varios países de Europa. Mientras las farmacéuticas ven aumentar la facturación de algunos antivirales que, por el contrario, no garantizan resultados con el virus mutado, la inexistencia de vacunas deja a los potenciales víctimas de la gripe a la espera de que se encuentre rápidamente una forma de inmunizar y detener la pandemia una vez el nuevo virus haga su aparición. Quizás a la eficacia de esa respuesta inmediata a la mutación vírica contribuyan, en alguna medida, las actuales señales de alarma.

16 de octubre de 2005

Merkel y la incierta marcha de la locomotora

Hay algún portavoz de la oposición que le ha reprochado a Zapatero la ligereza con que calificó de 'fracasada' a Ángela Merkel el día después de las elecciones en Alemania. El presidente español cayó en un error diplomático de bulto al opinar sobre los resultados electorales de un país que siempre deberá contar mucho para España como socio en la UE. Pero lo cierto es que en ningún momento habló de 'fracasada' aludiendo a la democristiana Merkel; su comentario, mucho más matizado, se limitaba a constatar el fracaso de la derecha alemana en relación a las expectativas que reflejaban los sondeos previos. La CDU encadenó errores en la campaña que pagó en las urnas con una ajustada victoria. Tan ajustada que la única coalición viable para la gobernabilidad de la república federal ha terminado siendo una "Grosse Koalition" con los socialdemócratas. El SPD estaba al filo del abismo cuando el canciller Schröder anticipó las elecciones; ahora, ha salvado los muebles y se dispone a gobernar con un programa de difícil consenso con sus grandes rivales. La retirada de Schröder ha dejado vía libre a Merkel como nueva canciller en un gobierno con ocho ministros socialdemócratas y seis democristianos. No será fácil la travesía de este ejecutivo llamado a resolver la crisis alemana.

Se dice que el actual estancamiento de la UE tiene como causa el inmovilismo de los países que debían actuar como líderes del proyecto. Hay quien espera que Merkel conecte con esa otra forma de entender el modelo europeo que encarna Tony Blair. Pero el resultado de las elecciones demuestra que los votantes no quieren cambios radicales en lo que podíamos denominar sus tradiciones políticas. Alemania no quiere importar la política económica del "nuevo laborismo", aunque admita la necesidad de reformas para mantener el edificio de su modelo social. El equilibrio entre liberalización y estado de bienestar será la clave del complicado consenso que deberán fraguar socialdemócratas y democristianos en el gobierno alemán. Aunque lo peor de esos acuerdos de compromiso sería que no se alcanzasen, pues la dirección política de Merkel quedaría a la deriva. La inestabilidad de los gobiernos ha dañado el crédito con que cada estado miembro ha tirado del carro del proyecto europeo. Se espera de Alemania que salga del estancamiento económico y asuma un cierto liderazgo. Aunque resulte extraño, son gobiernos como los de Blair y Zapatero, periféricos respecto del núcleo fundador de la Unión, los que cuentan con capacidad para liderar alguna iniciativa en estos momentos. Más que ganarse éstos la confianza de Merkel, será tarea de la canciller sumar fuerzas con los países que pueden presumir de mayor estabilidad económica y política.

En el reparto de poder realizado para la firma de la "Gran Coalición" se ve con claridad el fracaso de la estrategia democristiana. Merkel accede a la cancillería con la condición de que el SPD mantiene el control de ministerios clave para el futuro de las reformas sociales. Se sabe que el acuerdo de un programa conjunto de gobierno implica muchas dificultades, pero también es claro que la principal losa que pesa sobre el nuevo ejecutivo se llama parálisis. Deberán afrontar sin excusas los problemas que han sumido a la población alemana en la depresión colectiva. Y ambos partidos mayoritarios apuestan fuerte con una coalición que no ensayaban desde hace más de 30 años. Sin duda, Merkel se juega todo su capital político en el envite, pues el riesgo de encabezar una coalición de estas características es que, incluso cuando se ofrece un balance positivo de gobierno, los votantes pueden decidir que fuiste el lastre de la coalición y negarte la recompensa. Por el bien de Alemania, hay que desear que Angie tenga en la cancillería la suerte que le faltó en las urnas.

8 de octubre de 2005

El largo camino de Turquía hacia Europa

La Unión Europea vive una situación cercana a la parálisis política desde el resultado del referéndum francés. Sin embargo, las instituciones siguen funcionando y la agenda cuenta con importantes retos que acometer que no tienen que ver directamente con la complicada ratificación de la Constitución Europea. Uno de ellos es abrir la puerta a nuevos miembros que esperaban detrás de los estados que protagonizaron la ampliación al Este. El caso de Turquía, especialmente, ha generado más discusión en la UE que cualquier otra nueva incorporación de las últimas décadas. Tras el revés sufrido por el proceso de construcción europea que conduce la actual clase dirigente con el 'no' de los ciudadanos de Francia y Holanda, la opinión pública empezó a cuestionarse más seriamente la entrada de un país como Turquía como miembro de pleno derecho de la Unión. Un país demasiado 'diferente' a los que formaron el núcleo fundador de este proyecto que algunos ven diluirse con cada nueva ampliación. Pero la realidad es que no hay muchos puntos de conexión entre las dudas que ha despertado el paso adelante de la Constitución y el creciente rechazo en algunos países a la apertura de negociaciones para la incorporación de Turquía.

La decisión de sumar al estado turco a la UE viene de muy atrás. En 1959 se presentó la candidatura para la entonces comunidad económica. Y en 1963 se firmó un tratado de pre-asociación que sentaría las bases de una futura unión aduanera. A partir de entonces, escollos que aún hoy siguen alimentando algunas dudas dilataron el camino de Turquía hacia Europa. La debilidad de su economía y la inestabilidad política han jugado en su contra. A pesar de las resistencias que se han manifestado, sobre todo durante los últimos años, Turquía obtuvo el estatus de país candidato a la adhesión y ha logrado el pasado 3 de octubre que se abran oficialmente negociaciones para su incorporación. Las dificultades, sin embargo, sitúan la meta en un horizonte no menor a diez o quince años. No dio mucho de sí el debate sobre si la UE debía ser un "club cristiano", pues la inaceptable discriminación suponía levantar una frontera con un país tan ligado a la historia europea como la Turquía de Atatürk, un modelo necesario de estado laico con mayoría musulmana. La principal barrera que separa a Turquía del resto de Europa no es la religión, sino los diferentes niveles de renta. La corriente migratoria de turcos hacia los países más industrializados fue muy intensa en la segunda mitad del pasado siglo. El factor geográfico no parece suficiente para negar el derecho de Turquía a unirse al club europeo, a pesar de la extensión de su parte asiática, pero sí ha sido recurrente la idea de que el país otomano debía converger económicamente con el resto de Europa antes de sumarse al proyecto de unión política.

Las negociaciones que se abren ahora han estado precedidas de dificultades y condicionamientos políticos y legales. Turquía ha tenido que demostrar capacidad para emprender las reformas que acercan aún más su sistema político a los valores de la UE. Pero los cambios en las leyes, la reducción de la burocracia y la adaptación de las instituciones al marco comunitario no completaron la travesía. A estas reformas se han unido otros requisitos para que Turquía pasara el examen de los estados de la Unión: derechos de la minoría kurda, resolución del conflicto con Chipre y reconocimiento del genocidio armenio de 1915. A pesar de todo, en las instituciones europeas se ha mantenido el compromiso de no cerrar la puerta a Turquía. Algunos sectores de la opinión pública han presionado a los gobiernos para cerrar la vía de la adhesión; en el consejo que decidió iniciar las negociaciones, Austria presentó la alternativa de la "asociación privilegiada" con la UE. Hay voces que rechazan igualmente que Turquía pueda ser miembro de pleno derecho, pero con un argumento pragmático: los pasos hacia una mayor integración serán más difíciles con más países y más heterogeneidad. Sin embargo, la sociedad turca lleva esperando demasiado tiempo y no merece el portazo de Europa. A pesar de lo complicado del proceso, el impulso de modernización y desarrollo que supone la perspectiva de incorporación al tren europeo es vital para el futuro de Turquía.

27 de septiembre de 2005

Retrovisor

Resulta reconfortante, en el ejercicio de ombliguismo que es escribir un blog, comprobar que las impresiones que un día te movieron a embarcarte en la actividad bloguera siguen vigentes en el horizonte que le aguarda a esta forma de comunicación. Va para cinco años, pero lo que anoté en su momento creo que sigue sirviendo para esbozar las grandes palabras que deberían mantenerse vivas por mucho tiempo en la blogosfera: pluralidad, honestidad, independencia.

25 de agosto de 2005

La tolerancia y la sociedad multicultural

Las migraciones siempre han planteado un reto cultural para la sociedad receptora. La llegada de personas que provienen de países caracterizados por pertenecer a una cultura distinta mantiene abierto el debate sobre las condiciones para la integración de los inmigrantes. Esa cultura diferente se presenta, en muchas ocasiones, como un determinante de la vida del inmigrante en su nuevo país. Con ello se está ocultando la influencia de los factores socioeconómicos en la integración. Pero el peso de la visión culturalista es tal que la mayoría de las discusiones sobre la transformación cultural de la sociedad que recibe inmigración deriva hacia un juicio acerca de las culturas que permiten ser integradas en un país democrático y las que no. La confusa cuestión que acumula interrogantes sobre la actual evolución de la sociedad europea es, en pocas palabras, si el multiculturalismo es bueno o no, y hasta qué punto puede ser admitido. Después de marear la perdiz con conceptos académicos y tópicos varios, se suele llegar a una conclusión de equilibrio que encaja bien en el contexto de la inmigración más reciente que recibe Europa: la convivencia entre gente de diversas culturas en una misma sociedad es posible si se cumplen unas reglas mínimas de consenso democrático y se respetan plenamente los valores culturales y sociales de cada cual que no perjudiquen al conjunto. En cierto modo, este planteamiento es un ideal que, por exceso o por defecto, no se ha trasladado a las sociedades convertidas ya en multiculturales. Y es debido a este fracaso que muchos han lanzado una enmienda a la totalidad sobre el multiculturalismo.

Los inmigrantes musulmanes están en el centro de esta polémica que tiene a episodios como el del pañuelo islámico de las niñas en las escuelas públicas como hilos conductores. A veces la doctrina sobre hasta dónde llega la tolerancia hacia valores no occidentales se ha ido formando a partir de anécdotas o casos singulares. Un ejemplo de tradición cuya condena no permite mucha discusión es la ablación, por cuanto supone de violación de los derechos de las mujeres que sufren esta práctica. En el otro extremo, costumbres más o menos pintorescas que los inmigrantes traen consigo se unen a la lista de prácticas "toleradas siempre que no molesten", junto con las costumbres autóctonas, en un contexto de diversidad cultural que no está determinado sólo por el origen o la nacionalidad, sino también por la edad, la pertenencia a un determinado grupo social, los gustos o la moda. De esta forma, la tolerancia hacia "culturas diferentes" debe enfocarse mejor como tolerancia hacia la "diversidad cultural" que se refleja en prácticas y valores aceptables universalmente como ejercicio de libertad. El concepto de multiculturalismo ha sido interpretado de diferentes maneras por personas diferentes. Hay quien entiende por multiculturalismo que en un mismo país convivan culturas distintas gobernadas por leyes propias y diferentes, lo cual desembocaría en un fenómeno negativo por su carácter disgregador contrario al principio del Estado de Derecho. Pero por multiculturalismo también se entiende que cada persona pueda expresar su cultura en el marco de una ley común e integradora.

Más de un autor ha lanzado alegatos contra la sociedad multicultural por creer que la defensa del multiculturalismo únicamente pretende el respeto a las leyes particulares de cada comunidad cultural. El politólogo Giovanni Sartori colocó al islam en el centro del problema por considerar que esta cultura no permitía la integración en una sociedad democrática. El recelo hacia las condiciones en que se está produciendo la integración de los inmigrantes ha aumentado de nuevo con el crecimiento del fanatismo islamista en Europa. Con los autores de los atentados de Londres del 7-J se ha demostrado que debajo del barniz de integración en un entorno multicultural se puede ocultar la ideología integrista. Sin embargo, la clave del debate suscitado no cambia: lo más importante sigue siendo conocer el principio que inspira el multiculturalismo llevado a la práctica en las ciudades y regiones europeas donde hay más inmigrantes. Hay experiencias muy distintas. Si perseguir un modelo de sociedad multicultural es bueno o malo depende de qué mimbres utilicemos para construirla. Los que no nos sirven son los mimbres de un multiculturalismo relativista, que por su exacerbación de las identidades contrapuestas y la situación social que propicia -en la que cada grupo cultural vive aparte del otro, formándose guetos- no favorece la integración.

Frente a un multiculturalismo que más de un ingenuo defiende empapado de relativismo cultural, la sociedad europea debe seguir un modelo de multiculturalismo pluralista. Defensores de la superioridad del pluralismo como doctrina, como Isaiah Berlin, ya establecieron que ni el monismo ("tan sólo un conjunto de valores es verdadero, todos los otros son falsos") ni el relativismo ("mis valores son míos, los tuyos son tuyos, y si los mezclamos, entonces malamente, porque ninguno de nosotros podrá reivindicar que tiene la razón") ofrecen una respuesta adecuada a la convivencia cultural. Los relativistas se han convencido de que la igualdad entre culturas supone a su vez que éstas son diferentes e inconmensurables, lo cual ha fomentado un segregacionismo social entre culturas que conviven de una manera autista, sin interacciones ni comunicación entre ellas. El pluralismo se basa en valores humanos que son compartidos universalmente y permiten el respeto entre diferentes sistemas de valores. Cuando se elimina la hostilidad cultural, es posible la tolerancia porque los valores esenciales son los mismos entre personas de diferentes culturas. El reto de la sociedad multicultural desemboca, por tanto, en una consolidación del pluralismo como principio de la sociedad democrática.

22 de julio de 2005

Sin título

El folio en blanco. Los escritores temen no superar el desafío del folio en blanco. Los escribidores de blogs quizás nos lo tomamos con más filosofía. Un folio en blanco indica que aún quedan muchas cosas sobre las que escribir. Y si ahora no fluyen las ideas hacia el teclado, se espera a otro momento. Es preferible dejar el espacio en blanco a llenarlo de insensateces producto de la sequía literaria.

21 de junio de 2005

La burbuja inmobiliaria y la insostenibilidad de las ciudades

Buena parte del crecimiento más reciente de la economía española es debido al auge de la construcción, un sector de baja productividad que no encaja en el modelo de tecnología, innovación y competitividad que se marcaron los gobiernos de la UE en la Agenda de Lisboa. El hecho de que la productividad de la economía española haya crecido menos que la media europea es paralelo a las elevadas tasas de crecimiento de la construcción, cuyo dinamismo en los últimos años no tiene parangón en la mayoría de países del entorno. El ahorro dirigido a este sector -motivado principalmente por la inestabilidad de los mercados financieros tras el estallido de la burbuja tecnológica- ha ido en detrimento de otras inversiones. Como consecuencia principalmente de la presión de los demandantes de vivienda, los precios inmobiliarios han emprendido una escalada que dura ya más de nueve años. El crecimiento interanual del precio de la vivienda nueva es de dos dígitos en la mayoría de las zonas. El aumento acumulado entre 1997 y 2005 de los precios de las viviendas en España arroja el espectacular porcentaje del 177%, equivalente a siete veces el crecimiento de los salarios. Los factores determinantes de esta inflación inmobiliaria por el lado de la demanda son sobradamente conocidos: la persistencia de bajos tipos de interés, largos plazos en las hipotecas, una intensa participación de las entidades de crédito, aumento rápido de los hogares (inmigración, reducción del tamaño de la unidad familiar), compras de viviendas por extranjeros y, sobre todo, la creciente presión en el mercado de la figura del inversor en vivienda.

Ante la falta de otras alternativas más rentables, gran parte del ahorro ha ido a la compra de vivienda en un generalizado fomento de los comportamientos especulativos. Convertir el 'ladrillo' en inversión preferente de muchos ahorradores ha supuesto que las decisiones de inversión, guiadas únicamente por la plusvalía que se puede obtener del activo, marquen el ritmo del sector inmobiliario. Durante varios años se ha estado superando la cifra de 700.000 viviendas anuales de nueva edificación. La construcción está cambiando la morfología de las principales ciudades y ha llevado hasta las poblaciones de mediano y pequeño tamaño la posibilidad de experimentar un crecimiento urbano sin precedentes en tales localidades. La nueva oferta de vivienda supera con mucho a la nueva demanda como bien de uso. Si bien la creación de nuevos hogares o los cambios de residencia explican parte del crecimiento de la edificación, se estima que la mitad de la construcción es debida a las segundas residencias y a las inversiones. La dificultad evidente en el acceso a la vivienda para amplios sectores sociales convive con un elevado endeudamiento de las familias que adquieren una vivienda.

Las consecuencias de esta burbuja inmobiliaria, que conlleva el riesgo de que puede estallar en cualquier momento, se deja notar también en el medio ambiente y en el uso de los recursos. Los problemas de la incidencia ambiental del fenómeno urbano se remontan al mismo nacimiento de las ciudades. Es el crecimiento exponencial de la ciudad en el último siglo, sin embargo, el que sienta las bases para múltiples problemas ambientales que afectarán al entorno en el que se desarrolla la urbanización del territorio y a las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades. El propio desarrollo del sistema económico está estrechamente ligado al proceso de crecimiento de las ciudades. En la actualidad, es palpable una intensificación de este proceso que ha generado una verdadera explosión del fenómeno urbano en los países subdesarrollados, donde han surgido megalópolis en las que se concentra cada vez un mayor porcentaje de población. En el primer mundo, cualquier reestructuración económica lleva aparejada un cambio en su modelo de urbanización. Las ciudades redefinen sus límites y se adoptan diseños metropolitanos. Las grandes ciudades se ajustan habitualmente en su crecimiento al modelo que se ha dado en llamar de 'manchas de aceite'. Se trata de urbanizaciones dispersas, baja densidad en la edificación y la conexión de los núcleos cercanos a través de un continuo urbano.

El 'boom' inmobiliario que protagoniza la economía española ha incentivado la conformación de nuevas áreas metropolitanas y el aumento de las dimensiones de las ya existentes, en algún caso con la adición de nuevas 'coronas' metropolitanas que alejan la residencia de los lugares de trabajo. Este modelo de crecimiento urbano sólo es posible con el desarrollo del transporte privado y de las comunicaciones en el área metropolitana. La dependencia del automóvil es directamente proporcional a la dispersión de los asentamientos. Las modernas prácticas urbanísticas se caracterizan por una creciente exigencia de agua, materiales y energía. Un factor diferenciador entre ciudades es la densidad de población: hay núcleos urbanos con alta densidad que crecen progresivamente a partir del antiguo casco histórico y hay ciudades que se expanden en 'urban sprawl', de forma descontrolada y disparando la ocupación del territorio. Un rasgo característico es que el crecimiento es mayor en extensión que en población, lo que implica una utilización del espacio que requiere un elevado consumo de recursos tanto para su conformación como para su mantenimiento. La insostenibilidad de este modelo urbano, que haría imposible su generalización a la totalidad de la población, no es sólo consecuencia de la baja densidad de las zonas residenciales; también influye la creciente necesidad de espacio para las redes y áreas de servicio y abastecimiento a la población: electricidad, transportes, agua, etc.

La inaudita duración de la actual expansión inmobiliaria está acelerando la extensión en el territorio de un modelo urbano que plantea serios problemas a cualquier estrategia coherente de desarrollo sostenible. El consumo de materiales y energía va en aumento en las ciudades. Y el suelo es también un recurso limitado al que un sector inmobiliario sobredimensionado le está sacando el máximo beneficio, gracias a una escalada de precios que acentúa el endeudamiento de las familias y agrava los problemas de acceso a la vivienda para buena parte de los ciudadanos. El auge de la construcción fomenta la búsqueda constante de nuevas áreas de crecimiento de las ciudades y, mientras tanto, las administraciones locales mantienen ligada su capacidad de financiación al desarrollo urbanístico. Con independencia de las políticas públicas de ordenación que se deberían llevar a cabo, los graves problemas que genera la especulación inmobiliaria pueden ser frenados con un cambio de percepción de los efectos indeseados de seguir alimentando un desbocado sector de la vivienda. La sostenibilidad ambiental de las ciudades está en juego.

29 de mayo de 2005

Medios digitales e ideologías

El salto de gigante que supone la popularización de internet para la comunicación política no está siendo aún suficientemente estimado. Llegará un momento en que se corrija la actual miopía, pues nadie duda que la red será la primera fuente informativa para una buena parte de la ciudadanía en no mucho tiempo. El clásico debate sobre si la lucha política se gana en los influyentes medios de papel o en los medios audiovisuales de masas está siendo superado por el fenómeno de la convergencia de ambos en internet. Tener el favor de la prensa escrita no era tan importante si no se contaba con la influencia de los informativos de TV, con más audiencia que los periódicos. Pero ahora el crecimiento de los medios digitales está dejando de lado esta disyuntiva, pues la fuerza de la red la colocaría en condiciones de marcarle el ritmo a los demás medios de comunicación. El uso de internet en el marketing político es cada vez mayor. Como es habitual, EEUU innova en el desarrollo de los nuevos medios años antes de que éstos se popularicen en Europa. Todavía puede parecer exagerado el papel protagonista que algunos expertos le otorgan a internet en la política estadounidense, pero lo cierto es que la utilización de esta herramienta ha llegado a ser masiva y es la vía de participación más eficaz para millones de ciudadanos. La influencia de internet en la política formal no puede sino crecer con el tiempo. Diarios, blogs, foros, son el ágora del siglo XXI.

El periodismo disperso o participativo, como ha sido llamado, no se restringe a los medios digitales más populares sino que está formado por miles de blogs. Un sistema informativo que se sustenta en micromedios interrelacionados y en el que la opinión adquiere una importancia vital. Se habla de que los nuevos 'think tank' o tanques de pensamiento están en la red y no en los pasillos de los congresos políticos. La propaganda y la comunicación de ideas se convierten en la era digital en una necesidad constante para los partidos: no se trata sólo de un sprint cada cuatro años. La carrera de fondo del marketing político tiene sus ojos puestos en internet, pues no hay invento que se ajuste mejor a la demanda de información de los votantes indecisos y los activistas inquietos. La inevitable bipolarización ideológica se plasma en la opinión de internet, a pesar de que exista un amplio margen para la diversidad. Se puede asegurar que las trincheras políticas de los medios de expresión son, en buena medida, un reflejo de la sociedad. Aunque también existe un efecto movilización de los sectores más activos. La internet política sobredimensiona los extremos y ofrece un cauce para los contenidos que no atraen la atención de los medios tradicionales. En este sentido, la opinión generalizada entre los conservadores de que la prensa está escorada a la izquierda y no recoge sus ideas ha sido un importante acicate para el nacimiento de medios digitales afectos a la derecha.

Pero el mito de la prensa liberal -de izquierda- no se sostiene. El periodista estadounidense Eric Alterman desmontó en "What liberal media?" la creencia de que los principales medios patrocinan las ideas izquierdistas. Que los periodistas sean de izquierda no ha significado un menor seguimiento de la agenda política conservadora, imperante en EEUU y otros muchos países. La mayoría de la prensa es propiedad de grandes empresas que se rigen por un criterio comercial: satisfacer a su público y, sobre todo, contentar al poder económico que le contrata publicidad. Pero la derecha se queja del maltrato de los grandes medios para favorecer el surgimiento de lo que en EEUU ha sido denominado 'periodismo patriótico', hooliganismo político para defender la doctrina conservadora, cuyo paradigma es la cadena Fox News. Prensa, radio y televisión son los escenarios de un periodismo cada vez más orientado a la opinión. Pero la batalla política en la que los medios de derecha parecen llevar la delantera se libra también en internet. Quizás la izquierda esté más desperdigada o se refugie en otras formas de expresión, porque la opinión digital que se refleja en los nuevos canales políticos está claramente decantada a la derecha. Es un hecho a tener en cuenta porque contradice la idea del equilibrio ideológico. La izquierda debe compensar la balanza tomando la red como un instrumento prioritario de opinión y marketing con el que ganar la batalla política.

22 de mayo de 2005

Transparencia en los sueldos de los directivos

Los sueldos de los directivos representan una aceptable medida de la equidad distributiva en las empresas. Constituyen indudablemente un indicador de la justicia en el reparto salarial, porque el hecho de que sean altos no justifica para la mayoría que se disparen de forma escandalosa. Cuando la presión sobre los sueldos que reciben los trabajadores situados en la escala salarial más baja aumenta, no se comprende la exhibición de abultados emolumentos para los administradores de la empresa. No se trata de cuestionar la remuneración de cargos que requieren mayor cualificación profesional y asumen más responsabilidad en una organización: la economía de mercado funciona porque existen estímulos al esfuerzo individual y recompensas al éxito. Sería demagógico perseguir una igualación en un aspecto en el que sencillamente actúa una ley de premio al beneficio. Pero los sueldos de los altos directivos deben ser sometidos también a unos criterios de justicia según creamos justa una determinada organización de la sociedad. De lo que se trata es de ver a partir de qué punto unos sueldos aceptables se convierten en unos sueldazos que causan escándalo. El exceso en la remuneración de los directivos de una empresa no afecta únicamente a una opinión pública que pudiera considerar esta circunstancia un abuso de quienes están al mando del poder económico: es incumbencia de los accionistas, sin duda, que en muchas ocasiones no pueden saber si los gerentes están aprovechando su situación para otorgarse grandes sueldos en detrimento de la empresa.

La filosofía que sostiene la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), a la que se está prestando tanta atención en los últimos tiempos, no descuida el compromiso con la transparencia. Entre las exigencias de buen gobierno que deben atender las empresas para mejorar su imagen ante los mercados financieros se encuentra la publicación de los sueldos de sus directivos. Este requisito está pasando de los manuales de buenas prácticas a la regulación legal, como demuestra el último proyecto del gobierno alemán. El Ejecutivo federal ha presentado una ley que aprobará próximamente el Parlamento, con mayoría de la coalición rojiverde, en la que se establece la obligatoriedad para las empresas que cotizan en bolsa de publicar los sueldos de sus máximos consejeros de forma individualizada. Este tipo de legislación es habitual en países de capitalismo anglosajón, en los que la máxima es facilitar el control de los administradores de las principales corporaciones por parte de accionistas y mercados. En Alemania, sin embargo, el contexto en el que surje esta ley apunta más a la necesidad de reprobar socialmente a algunos directivos con altos sueldos: actualmente se repiten fuertes críticas a las grandes empresas que pese a obtener importantes beneficios prescinden de miles de empleos. El directivo irresponsable socialmente puede quedar a la vista de todos, por culpa de la transparencia y la RSC, como un sinvergüenza que pone a gente en la calle al mismo tiempo que se sube el sueldo.

Mantener unos niveles aceptables de equidad en el abanico salarial debe seguir siendo un objetivo social. En los últimos tiempos, las posibilidades de remuneración de los directivos se han ampliado con instrumentos como las opciones sobre acciones. La distancia entre el empleado que menos recibe y la cúpula de la empresa se ha ampliado espectacularmente. Hace pocas semanas, escandalizaba en Francia el anuncio de que el director saliente de Carrefour cobraría 38 millones de euros a modo de indemnización. Pero en España hemos visto la trayectoria judicial de un caso similar y protagonizado nada menos que por el presidente del primer banco, el Grupo Santander. Botín ha sido juzgado por unas indemnizaciones multimillonarias pagadas a dos de sus directivos, pagos que por su exagerado importe fueron calificados de apropiación indebida y administración desleal. Finalmente, el banquero ha obtenido la sentencia de absolución al encontrar los jueces que las indemnizaciones se correspondían con la responsabilidad asumida. Casi nadie puede compartir esta sentencia, que avala los 108 millones que recibirá el anterior copresidente del banco, pero poco parece importar a los gerentes de las empresas. Siempre que no exista un control suficiente, los directivos con poder para subirse el sueldo tendrán como objetivo prioritario su propio bienestar. Legitimando la actuación de los amigos de los sueldazos, se está dando a los administradores el poder de libre disposición del dinero de los accionistas.

15 de mayo de 2005

Asia central y las revoluciones de terciopelo

En estos días se vive en Uzbekistán una confusa crisis política que ha puesto contra las cuerdas al presidente del país, Islám Karímov. Los acontecimientos relatados dan cuenta de graves sucesos en la ciudad de Andizhán, en el valle de Ferghana, una de las zonas más pobladas del país. Las protestas callejeras contra la detención de 23 comerciantes acusados de extremismo islámico terminaron con la ocupación de un cuartel para la obtención de armas y el asalto a la cárcel local que permitió que estos hombres y otros miles de presos fueran liberados. El gobierno de Uzbekistán ha puesto todo su empeño en sofocar esta revuelta popular, que corre el riesgo de extenderse a otras regiones, y se habla ya de cientos de muertos civiles por la represión y de miles de refugiados uzbecos que han emprendido la huida a Kirguizistán. Este levantamiento se ha visto precedido por masivas manifestaciones de la oposición al régimen de Karímov, un despótico ex dirigente soviético que comanda con mano de hierro la república centroasiática desde 1991. Esta tiranía se ha visto amparada por sus buenas relaciones con los países occidentales, en especial con EEUU, que mantiene una base militar en su territorio, para no dejar ningún espacio a la oposición en las sucesivas elecciones convocadas. Aplastada la posibilidad de partidos democráticos de carácter laico, el mayoritario culto musulmán de la población ha dado pie a un movimiento islamista de reivindicación nacional y religiosa que conecta con el extremista e ilegalizado partido Hizb-ut-Tahrir, bestia negra del presidente uzbeco.

No resulta extraño que un régimen antidemocrático como el imperante en Uzbekistán coloque a la amenaza integrista en el punto de mira de su política de represión. Auspiciado por la lucha contra el terrorismo internacional, el gobierno de esta ex república de la URSS obtiene el necesario dominio interno y el anhelado liderazgo regional mediante el control total del país. Uzbekistán es el estado más poblado de Asia central, zona de indudable interés energético y cuya influencia se disputan EEUU, Rusia y China. La estabilidad del régimen uzbeco está en peligro por posibles rebeliones de inspiración islámica, o bien por un levantamiento popular mayoritario. Los sucesos recientes sugieren, sin embargo, que la violencia no estará excluida de un cambio de régimen. Lo ocurrido no encaja exactamente con el tipo de 'revolución de terciopelo' que ha dado la vuelta al poder político en otros países de la región. Emulando el derrocamiento de regímenes de la Europa del Este, los ciudadanos de Ucrania denunciaron en las calles el fraude electoral de diciembre de 2004 por el que se mantenía en el poder el prorruso Yanukovytch, lo que dio lugar a una repetición de las elecciones en las que fue elegido Yushchenko, el líder de la 'revolución naranja'. El mismo fenómeno, movilización popular pacífica contra gobernantes autocráticos, había posibilitado un año antes la caída del régimen del presidente Chevardnadze en Georgia, en lo que fue la 'revolución de las rosas', pionera en un nuevo periodo de florecimiento democrático que afecta especialmente a países que formaron parte de la Unión Soviética.

Últimamente se están interpretando estos movimientos, no sin razón, como un factor de cambio que encaja en la estrategia de EEUU y las demás potencias occidentales de atraerse el favor de estos países. Rusia está perdiendo influencia en un nuevo giro hacia la democracia occidental de sus antiguos aliados y territorios. Ejemplos como el de Moldavia son claros: el alejamiento de la política de Moscú es tal que incluso la reciente victoria electoral del Partido Comunista es vista como un signo de acercamiento a la UE. En Asia central el mapa parece estar igualmente en continua ebullición. La falta de libertades es denominador común de la zona y ha propiciado una ola de protestas en Kirguizistán con las características ya conocidas. La denuncia de la corrupción del poder y las manifestaciones de la oposición kirguiz en la 'revolución de los tulipanes' han llevado a la dimisión del presidente Akáyev y la convocatoria de elecciones presidenciales. Un patrón que se repite en estas repúblicas centroasiáticas es el que parece estar ausente de Uzbekistán, pues la situación no se ha mantenido en orden tras la protesta y el régimen conserva el favor exterior. Pero todo el mundo mira a estos derrocamientos de gobernantes impopulares con la duda de la ayuda que la política estadounidense está prestando a los grupos de oposición que protagonizan las 'revoluciones de terciopelo'. Tayikistán, Turkmenistán y Kazajstán pueden estar en la lista de países candidatos a próximas rebeliones populares en Asia central. Serán revoluciones pacíficas, en cualquier caso, pues los intereses energéticos no admitirán otra cosa que cambios de régimen tranquilos y con marca democrática.

8 de mayo de 2005

El ejército profesional y el 'employer branding'

La mayoría de los países desarrollados han afrontado en los últimos tiempos el reto de la profesionalización de los ejércitos. Constituye éste un cambio trascendental para una sociedad que ha visto, de un día para otro, la desaparición del servicio militar instaurado a la par que los mismos Estados democráticos. La resistencia a esta imposición estatal ha pasado, como la propia 'mili' y sus consecuencias, a los libros de historia con la transformación de un ejército de leva obligatoria en uno plenamente profesionalizado. En España se decidió adoptar este modelo de ejército profesional con larga tradición en otros países en 1999. Se arguyó entonces, quizás con razón a la vista de los resultados, que en el caso español el reclutamiento de voluntarios sería problemático por falta de identificación de la población con sus ejércitos. Tendría que llevarse a cabo, como se hizo, una campaña para mejorar la imagen de lo militar en unos momentos en que el pacifismo como valor anulaba incluso los elementos positivos que en otros países se reconocían al ejército. Peculiaridades españolas que sólo se entienden si analizamos la historia. Sea como fuere, la ley preveía un modelo muy parecido a una 'mili' pagada para unos 120.000 soldados, pero años después el fracaso se constata en los apenas 70.000 que logra mantener el ejército profesional. Resulta evidente que las condiciones laborales que se ofrecen a los soldados no son suficientemente atractivas.

El principal problema se detecta en las entradas y salidas del ejército, 11.000 al año, lo que supone un periodo medio de permanencia de no más de cuatro años. El Ministerio de Defensa considera excesivos estos movimientos, pues no permiten una profesionalización adecuada. Cualquier empresa tiene en cuenta su capacidad para retener, una vez atraídos, a los mejores empleados. El ejército no ha logrado motivar a su tropa profesional con los sueldos pagados, que siguen siendo bajos, y tampoco ha sabido conservar a los mejor preparados, que eran despedidos al alcanzar los 35 años. Para intentar paliar estas carencias del ejército como empleador, se ha iniciado el trámite de una ley sobre tropa y marinería que mejora las condiciones laborales con el objetivo de formar una plantilla de 86.000 soldados profesionales. Soluciones parciales, como la aceptación de extranjeros en el ejército, son insuficientes para elevar el número de efectivos reclutados. Es por ello que, una vez más, se lanza una política que podría ser denominada de 'employer branding' o de mejora de la marca como empleador, para transmitir una imagen del soldado como opción atractiva para desarrollar una profesión y ventajosa respecto a otros empleos. El Estado tiene la necesidad de venderse como un buen patrón de sus empleados, precisamente, para mejorar el reclutamiento y reducir el esfuerzo actual de captación mediante costosas campañas publicitarias.

Gestionar los recursos humanos es una de las tareas más complejas de cualquier organización. Se llama 'employer branding' a la necesidad de dotar a una empresa de ventajas competitivas para mejorar los atributos asociados a su marca con un objetivo muy concreto: ser atractiva para los empleados, tanto actuales como potenciales. Con la marca interna se consigue vincular a los empleados con la organización, se evita que los mejores profesionales se marchen a la competencia y se agiliza el reclutamiento de nuevos empleados. Tener muchos candidatos a un puesto incrementa las posibilidades de éxito en la selección. Esto lo sabe el ejército, que busca con una mejora laboral el aumento del número de candidatos a profesionales de tropa y marinería. Algunas de las medidas anunciadas son la posibilidad de seguir en las Fuerzas Armadas hasta los 42 años, el derecho a recibir una asignación económica equivalente al salario mínimo desde esa edad hasta la jubilación y la reserva de un cupo de plazas para los soldados que quieran acceder a la Guardia Civil o a la Policía. Ofrecerles lo necesario para asegurarse una aceptable carrera profesional después del trabajo en el ejército es el objetivo que se marcan los responsables de Defensa. Porque es lo requerido por el mercado laboral para atraer a suficiente personal a un ejército cuya política de 'employer branding' no ha resultado, hasta el momento, tan exitosa como la desarrollada por las empresas que figuran en las listas de compañías preferidas para trabajar.

1 de mayo de 2005

La solidaridad interterritorial y la progresividad fiscal

El modelo territorial desarrollado en la España constitucional se basa en la descentralización. Sin embargo, la configuración de un Estado formado por Comunidades Autónomas tras un poder centralista de cuatro décadas de autoritarismo ha hecho navegar al sistema en la indefinición. Se ha dicho que la arquitectura territorial se queda a medio camino entre el Estado unitario y el modelo federal. Pero más cierto es que existe una administración descentralizada con criterios propios del federalismo, a la que le falta una articulación institucional que dé coherencia al modelo. Uno de los aspectos en los que se hace notar el hueco de la inexistente estructura federal es la financiación de los entes territoriales. No existe una clara delimitación de los impuestos que financian cada nivel administrativo, lo que ha conducido a múltiples mecanismos de negociación para determinar las capacidades presupuestarias de las autonomías. La financiación autonómica ocupa el centro del debate que, acerca del modelo territorial, hay abierto actualmente. Se pretende que el acuerdo de todas las partes dé lugar a un reajuste del sistema autonómico con el objetivo de hacerlo más estable. El futuro del modelo dependerá en buena medida de cómo se resuelvan las discrepancias sobre la financiación y, como derivada de esta negociación, de cuál sea la materialización del principio constitucional de la solidaridad entre territorios.

En el debate ideológico sobre la financiación autonómica, se esgrimen con frecuencia argumentos en contra de la solidaridad interterritorial. Esta solidaridad no es, en realidad, más que una consecuencia de la solidaridad interpersonal que hace posible el sistema impositivo, pues quienes tributan son las personas y no los territorios. Cuando se habla de solidaridad se está aludiendo al efecto que sobre la distribución de la renta ejerce una fiscalidad progresiva. La redistribución que realizan los impuestos se fundamenta en la mayor justicia de esta situación frente a la distribución que realiza el mercado. En la medida en que unos territorios tienen un nivel de renta per cápita menor que el nivel de otros territorios del mismo estado, habrá flujos financieros entre regiones que se expliquen de forma exclusiva por la solidaridad interpersonal. En circunstancias poco propicias a la intervención pública, clamar contra la solidaridad interterritorial es igual a cuestionar la capacidad redistributiva del sistema fiscal. Los mismos argumentos que advierten del 'expolio' fiscal que sufren los territorios con mayor nivel de renta pueden utilizarse para exigir una menor progresividad de los impuestos. Sin embargo, en la discusión que enfrenta los intereses de las regiones 'ricas' con las regiones 'pobres' a cuenta de los términos de la solidaridad, con frecuencia las primeras aluden a su capacidad para decidir el destino de todo el dinero recaudado por los impuestos.

Los entes territoriales deben tener capacidad normativa, pues decidir sobre el diseño tributario contribuye a que se tomen en serio la corresponsabilidad fiscal, que es lo mismo que responsabilizarse por el gasto. Pero las autonomías no pueden dejar al poder federal o central sin impuestos propios: los necesita para garantizar que habrá solidaridad entre territorios siempre que existan divergencias económicas entre ellos. Esta solidaridad vía impuestos es la contrapartida a la creación del mercado interior -aunque ahora pierda éste importancia con la globalización- que se produjo con el proteccionismo industrial que benefició en el pasado a algunas regiones, frente a otras que aportaron al proceso mano de obra a través de la emigración. Las balanzas fiscales son un instrumento teórico de dudosa utilidad práctica -pues el resultado depende de la metodología elegida- que trata de medir los saldos impositivos de cada territorio con la administración central. Estas balanzas dan la medida de la solidaridad y sirven para justificar limitaciones de la misma en beneficio de los territorios con saldo negativo. Pero el mismo valor tendrían en una negociación sobre la financiación autonómica las balanzas comerciales, de renta, etc. Malamente podrá ser aprobado por consenso cualquier cambio en la arquitectura del modelo territorial que ponga en cuestión la solidaridad como objetivo del sistema fiscal.

24 de abril de 2005

Ratzinger y la oveja descarriada

Se ha dicho que el pontificado de Juan Pablo II se convertirá en un listón insuperable para su sucesor. Karol Wojtyla ha ejercido un liderazgo carismático de la Iglesia Católica durante veintiséis años. Demasiados si tenemos en cuenta que en ese tiempo ha convertido su perfil mediático de gran comunicador en requisito esencial para los próximos Papas. Del último cónclave vaticano ha salido Joseph Ratzinger como Benedicto XVI. Su trayectoria como miembro de la curia romana no asegura ninguna sensibilidad especial en el contacto directo con el público. El nuevo Papa no cumple con los requisitos para ser clon de Juan Pablo II, pero se le puede considerar un fiel seguidor del legado de su antecesor en lo doctrinal. La etapa que se abre ahora en el Vaticano bien podría ser calificada, a priori, como la del 'wojtylismo sin Wojtyla'. Un continuidad que ha mostrado a las claras el conservadurismo de los cardenales en su elección y que estará guiada por alguien con una personalidad bien distinta a la del Papa polaco. Ratzinger es el guardián de la ortodoxia en los titulares de prensa: un Sumo Pontífice que ejercerá de europeo en su labor de reevangelización del Viejo Continente. Aunque no es seguro que logre limar su perfil de intransigente. Y, en coherencia, el Papa puede hacer de la fe el centro de su pontificado, con la lucha contra la 'dictadura del relativismo' que anunció como prueba palpable de los problemas que tiene la Iglesia con la aceptación de la modernidad.

Ratzinger se ha referido en la homilía de la ceremonia de entronización como Benedicto XVI a la humanidad como una «oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la senda». La preocupación por la doctrina convertida en dogma que caracteriza su obra teológica hará de este Papa un líder más preocupado por las creencias que por los problemas sociales que rodean a millones de católicos. Algunos vaticanólogos explican que más allá de las diferencias entre cardenales conservadores y reformistas está el carácter social de un sector de los purpurados. Ratzinger no pertenece a éstos, no ha prestado demasiada atención a la dimensión social del mensaje cristiano y parece obsesionado con la 'oveja descarriada'. Deberá intentar que la figura del Papa no pierda influencia en lugares como América Latina -donde vive la mitad de los católicos- que recibieron con una indisimulada decepción el resultado del cónclave. La elección de Ratzinger parece una perfecta consecuencia de la correlación de fuerzas favorable a los sectores más reaccionarios que domina en el Vaticano. No ha prevalecido más pragmatismo que el de asegurar un cierto continuismo tras el papado de Wojtyla, pues ninguno de los retos que ha de afrontar la Iglesia Católica en estos tiempos se ve resuelto con Ratzinger.

El excesivo protagonismo europeo puede lastrar el objetivo de extender el catolicismo a todo el mundo. En un continente con la religión en franco retroceso, Ratzinger quiere adoptar un perfil de dureza en las convicciones. Pero la globalización de la fe requiere otro tipo de mensajes. Ante la evidencia de que, por razones de edad, el papado del conocido como guardián de la ortodoxia no será largo, hay quien aventura la posibilidad de que se pongan las primeras piedras para cambios en el futuro. No es algo descabellado. Como continuador de Wojtyla, el Papa podría tener la capacidad de atraer a los sectores más conservadores a las demandas de reformas en algunos aspectos. En tal caso se diría que Ratzinger ha optado por ser un Papa de transición, de transición hacia una cierta apertura que se produciría con su sucesor. Wojtyla sigue teniendo un peso enorme en la Iglesia, pero no podrá ser mantenido en vida mucho tiempo después de su muerte. Quiere esto decir que su legado no pesará tanto como para evitar que en algún momento se abra la puerta a los cambios. El Vaticano no va a soportar una pérdida de influencia constante sin intentar una vía, la del reformismo, que le podría devolver crédito. Ratzinger puede tener, por tanto, dos caminos a seguir: continuar siendo el cancerbero de la fe o jugar el papel de iniciador de una etapa que supere los viejos anquilosamientos de la Iglesia Católica.

17 de abril de 2005

Los parques nacionales y la descentralización

El ambientalismo creció como movimiento social a partir la década de los 60, pero la conciencia ecológica tiene antecedentes un siglo atrás. Uno de los resultados de la preocupación que manifestaron los ambientalistas del siglo XIX es la creación de los primeros parques nacionales. Se dice que aquel ecologismo hundía las raíces en las ideas románticas de la época. La actitud conservacionista se movía por una visión estética de la naturaleza y por la adoración hacia lo salvaje. La idea de preservar el medio natural se plasmó en parques protegidos que, en su momento, reflejaban una particular estructura social, pues respondían a fines estéticos y didácticos a la medida de las clases altas. No en vano algunos de estos territorios fueron conservados por la iniciativa de filántropos que los adquirieron y cedieron a la administración pública. El millonario Rockefeller regaló al gobierno una parte del parque de Yellowstone, uno de los más bellos de Norteamérica. Alrededor de la década de 1880 se inicia la creación de reservas faunísticas en Estados Unidos y Europa, los primeros pasos de las actuales redes de Parques Nacionales que se han extendido por todo el mundo. Con el tiempo, el interés romántico ha dado paso a fines científicos, sin olvidar el uso turístico que se ha desarrollado paralelo a la popularización de la necesidad de consumir medio ambiente. Un turismo asociado a la contemplación de las bellezas naturales y de la diversidad de paisajes.

Los parques nacionales son un símbolo del conservacionismo natural. Al constituir el más alto nivel de protección, son la punta de lanza de un conjunto de denominaciones y categorías que llenan de contenido la política de espacios naturales de un país: parques naturales, reservas, paisajes protegidos, monumentos naturales. La naturaleza es un patrimonio a gestionar por los habitantes actuales pensando en las generaciones futuras. En la práctica, toda gestión pública de estos espacios tiene que afrontar el reto de compatibilizar el principio de conservación con el aprovechamiento, más o menos tradicional, que la población local puede hacer de los recursos. Esta cuestión clave para el futuro de los parques nacionales, en la que conservar la biodiversidad debe considerarse objetivo prioritario, forma parte de la controversia que existe sobre la gestión de la Red de Parques Nacionales españoles. Una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del 2004 ha establecido que la gestión de cada parque la realicen de forma exclusiva las administraciones autonómicas. Esta descentralización responde a un mandato de la Constitución de 1978 que se va a cumplir ahora tras la resolución de un conflicto de competencias y por la reclamación de las comunidades de Andalucía y Aragón. Los 13 espacios que forman la red de parques nacionales mantendrán el rango de "interés general de la nación" aunque gestionados por las 10 comunidades autónomas en las que se encuentran.

El traspaso de la gestión no debería plantear grandes problemas. Sin embargo, no es menor la dificultad de lograr un acuerdo entre los niveles de la administración afectados acerca de la dotación económica del traspaso. En algún caso, como ocurre en los Picos de Europa, hay hasta tres comunidades autónomas que asumen de manera conjunta la dirección de un parque nacional. La descentralización tiene indudables ventajas que son también aplicables a la gestión de la protección natural. Que sea una administración más cercana la que se haga cargo de esta política supone una mejor atención de las demandas ciudadanas y una mayor eficiencia en la gestión pública. Pero el reconocimiento de las competencias autonómicas no tiene por qué ser incompatible con la existencia de una red que coordine los objetivos de los parques nacionales. Las organizaciones ecologistas han respondido, de manera crítica, que puede perderse la unidad de criterio y que abandonar el sistema de co-gestión actual implica adoptar un modelo menos participativo y más sensible a las presiones de los agentes locales. Dicen que dejarlo todo en manos de los gobierno regionales puede hacer que primen los intereses locales frente a los medioambientales. Es un riesgo, pero la opción de la gestión autonómica no es necesariamente así. Esté lejos o cerca la administración competente de los parques nacionales, la exigencia para que sean bien gestionados deberá ser la misma.

10 de abril de 2005

Los gerentes y el crecimiento empresarial

Una de las claves interpretativas de la evolución del capitalismo más útiles es la referida a las estructuras organizativas de las empresas dominantes en cada época. Hay economistas que hablan de tres modelos diferenciados en los últimos 150 años, de la empresa tradicional del siglo XIX a las organizaciones basadas en la colaboración que se desarrollaron, principalmente en Japón, a partir de 1970. En el centro de esta evolución se sitúa el tipo de empresa que se ha convertido en símbolo del siglo XX. Se trata del modelo multidivisional, en terminología que alude a la organización de las grandes empresas formadas por divisiones al frente de las cuales se coloca a un plantel de directivos. La centralización de los trabajadores en la fábrica y el uso de maquinaria a gran escala son dos de las características que marcan el desarrollo de la empresa moderna en el primer tercio del siglo pasado. El triunfo definitivo de este modelo en los países industrializados se produce tras la segunda guerra mundial. A partir de entonces se habla de la época del capitalismo 'gerencial', en contraposición con el capitalismo 'personal' del siglo XIX. La consolidación de la empresa dirigida por gerentes que se inicia en EEUU a partir de 1920 no conlleva, sin embargo, la desaparición del tradicional modelo de empresa familiar. De hecho, ambos modelos conviven durante décadas sin que pudiera determinarse cuál de los dos se encaminaba hacia el éxito.

Es común afirmar la superioridad del capitalismo basado en la empresa moderna con los datos de la expansión que vivieron países como EEUU y Alemania, que contrastan con la evolución del capitalismo francés, donde pervivían formas organizativas familiares. La estructura más compleja de la primera facilitaba la adaptación a los cambios y contribuyó decisivamente al aprovechamiento de las economías de escala. La característica fundamental del modelo de empresa que llamamos moderno es la sustitución del propietario por directivos profesionales, que forman equipos y asumen la responsabilidad de las correspondientes divisiones de la organización. Otros directivos se encargan de coordinar a éstos y de diseñar la estrategia de la empresa. Esta separación de la propiedad y el control ha sido estudiada por la teoría de la agencia, en tanto puede suponer un problema de información asimétrica. Resumidamente, esta teoría explica el efecto de los diferentes niveles de información que poseen el agente (el directivo) y el principal (los accionistas). En el caso de una empresa, el agente puede conocer la función de beneficio y el nivel de esfuerzo necesario para llegar al óptimo, mientras que el principal sólo conoce el resultado (beneficio) producido según las circunstancias. Cuando persiguen objetivos diferentes los directivos y los accionistas, éstos tienen que encontrar un sistema de incentivos adecuado para que el comportamiento de los primeros no ponga en riesgo la maximización del beneficio.

Este problema del agente-principal provoca una distorsión en el mercado de gerentes. Sin embargo, se puede asegurar que la evolución del capitalismo no sería la misma sin el papel que asumieron los directivos profesionales, aun a costa de los intereses inmediatos de los propietarios de las empresas. Como ha establecido el historiador económico Alfred Chandler, en la primera etapa del capitalismo 'gerencial' los directivos llevaron las estrategias empresariales hacia el campo de la inversión y el crecimiento antes que al reparto apresurado de dividendos que interesaba a los accionistas. A partir de una apuesta clara por el riesgo, se alcanza el auge de las grandes empresas dirigidas por gerentes. Una expansión que se basa en el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio y en la ampliación de las economías de escala. La cara de esta empresa moderna se contrapone a la cruz del modelo agente-principal. Cuando el comportamiento de los directivos no se somete a una ética corporativa, su búsqueda del máximo crecimiento del tamaño de la empresa no sólo no beneficia a la economía sino que socava la confianza en este modelo de capitalismo. Así ocurrió en el 'caso Enron' con el engaño de la contabilidad creativa. Los accionistas sufrieron las consecuencias negativas de un modelo empresarial en el que unos pocos administradores tienen el poder para tomar tanto las mejores como las peores decisiones.

3 de abril de 2005

Gibraltar como problema

Nadie duda de que Gibraltar es un escollo permanente en las relaciones bilaterales hispano-británicas. La situación de la única colonia que existe en el continente europeo se convierte cíclicamente en un asunto prioritario que los respectivos gobiernos quieren superar, sin que se obtengan así resultados satisfactorios. En la negociación política sobre Gibraltar pesa más la historia que la realidad de este enclave británico en territorio español. La soberanía ha estado siempre en el centro del debate, con la reivindicación de la misma por parte de España como problema a resolver. Pero se han cumplido ya trescientos años desde que Gibraltar fuera conquistado por los británicos y en ningún momento ha sido factible la devolución del territorio que empezó siendo fortaleza estratégica y se ha convertido en el último vestigio del imperialismo en Europa. La anacrónica situación del Peñón ni siquiera encajaría en un proceso de descolonización al uso en el contexto de la Unión Europea. La realidad institucional que se perfila demanda soluciones intermedias para que Gibraltar se equipare políticamente a Leicester o a Alicante bajo el paraguas de la UE. La soberanía pierde relevancia si de lo que estamos tratando en relación con Gibraltar es de su estatus fiscal y su impacto en el entorno. Los viejos nacionalismos lo único que han hecho ha sido impedir avances en las conversaciones entre los dos gobiernos atrapados por la historia.

El verdadero problema de Gibraltar es que es uno de los paraísos fiscales más activos, con alrededor de 30.000 sociedades fantasmas. El caso adquiere tintes cómicos cuando se señala que, forzosamente, muchas de estas sociedades comparten domicilio con otras, un problema de espacio que obliga a que un mismo piso tenga cinco o seis placas de sociedades en la puerta, y cuando se recuerda, acerca de las líneas de teléfono habilitadas en Gibraltar, que caben a tres por habitante. No es ajeno el Peñón a todos los fenómenos característicos de un centro financiero para no residentes, instituido con el único propósito de la evasión fiscal: oscuridad administrativa, amparo a la opacidad fiscal y lavado de dinero negro. Cualquier intento de atajar la corrupción ligada al blanqueo de capitales en la zona será inútil si no se pone coto a las actuaciones financieras con base en Gibraltar. La Comisión Europea le ha puesto al Reino Unido el 2010 como límite para que la situación cambie, después de algún aplazamiento. Algo más que voluntad política será necesario para que en esa fecha se ponga fin al régimen fiscal de las sociedades fantasmas. La credibilidad de las autoridades está en juego, aunque poco importará un incumplimiento si los negocios asociados al blanqueo siguen contribuyendo a un virtual crecimiento económico.

Hasta entonces, el compañero de viaje de estos movimientos financieros seguirá aumentando de tamaño: la mafia. Porque se trata de dinero que acude a Gibraltar para ocultar su origen en diversas actividades ilícitas. Como ha denunciado la organización civil Attac, «Gibraltar sigue acogiendo sociedades tapadera que ocultan complejas redes de empresas dedicadas mayoritariamente a las inversiones inmobiliarias en las provincias de Málaga y Cádiz, como forma de transformar en activos declarables los fondos del narcotráfico y la economía criminal». La reciente operación policial bautizada "Ballena Blanca" ha puesto al descubierto una trama de blanqueo de dinero con base operativa en Marbella, pero es conocido que idéntico mecanismo está siendo utilizado por muchas otras organizaciones que aúnan las posibilidades de defraudación y el favor de las mafias internacionales especializadas en el secuestro y el ajuste de cuentas. Gibraltar es el gran lavadero que convierte en blancos y legales negocios ilícitos y evasiones masivas que en nada benefician a los ciudadanos de su área y de la Costa del Sol. El beneficio indirecto de la corrupción de unos pocos sólo se traduce en esa parte del crecimiento económico ligada al urbanismo que viene a ser la contrapartida de la implantación de mafias que llegan para quedarse. Antes de que la situación sea irreversible, se hace necesario cortar por lo sano cerrando el lavadero gibraltareño.

27 de marzo de 2005

Cambios horarios y rutinas

La prensa tiene como misión difundir las noticias que marcan el ritmo de la actualidad. Pero a veces cae en una rutina cíclica que justifica la publicación de informaciones no noticiables, por no ser nuevas, y que se repiten por una especie de tradición a la que el público parece haberse acostumbrado. Ejemplo paradigmático de esto es la recurrente noticia que explica por qué la Semana Santa no tiene fecha fija, información que aparece cada año en los periódicos como si los lectores no terminaran de comprender su significado. La Pascua cristiana se mueve en el calendario en un intervalo con justificación astronómica: siempre será el domingo que sigue a la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Cualquiera que recuerde los versos de Cernuda dedicados a la "luna llena en Semana Santa" lo sabe. Pero en los medios de comunicación siempre existe la preocupación por repetir este tipo de noticias, así como por ofrecer una amplia cobertura de cualquier acontecimiento meteorológico, lo que proporciona un nuevo carácter cíclico a la información: en invierno se abren los telediarios con las olas de frío y en verano con las olas de calor. A esta costumbre mediática se une la comunicación dos veces al año del cambio horario, otro clásico informativo que se repite en esta ocasión por razones de servicio público.

El cambio de hora supone adelantar el reloj sesenta minutos en primavera y atrasarlo la misma cantidad de tiempo en otoño. Ciertamente, sigue habiendo mucha gente que acepta los cambios sin saber el motivo de los mismos. Es por ello que se recuerda con frecuencia que responden a una política de ahorro energético. Fue a partir de 1974 cuando gran parte de los países industrializados aplicaron esta solución de 'estirar' el día durante el verano para optimizar las horas de sol ajustándolas a las horas habituales de actividad. Un año antes se había producido el 'shock' petrolífero, pero el transcurso de la década de los 70 demostró que la subida del precio del petróleo no era un signo aislado y terminaría simbolizando la crisis de un modelo. Desde entonces, las principales economías han vivido con el recuerdo de aquella crisis que obligó a habituarnos a los horarios de verano y de invierno, robándole al sol la plena soberanía en señalar las horas. Han disminuido en las últimas décadas los altos requerimientos de petróleo para el funcionamiento normal de la economía, pero sigue existiendo una dependencia energética insoslayable. La más reciente escalada de precios petrolíferos indica que el problema sigue demandando medidas de ahorro, lo cual viene a despejar las dudas sobre la oportunidad de los impopulares cambios de hora.

El ahorro se materializa en varios frentes: consumo de electricidad para iluminación, gasto en climatización de hogares y lugares de trabajo y, finalmente, cambio de hábitos al disponer de una puesta de sol más tardía. Actualmente, todos los países de la UE siguen lo establecido cada cinco años por una directiva europea sobre los cambios horarios. Los trastornos psicológicos que también pueden causar los cambios son contrarrestados por las autoridades con unos porcentajes de ahorro que invariablemente oscilan entre el 3% y el 6%, quizás porque hace tiempo que no calculan el impacto de la medida. Hay algunos estudios que apuntan a un ahorro casi despreciable, inferior al 1%, pero lo cierto es que para justificar uno u otro resultado basta con aprovechar las diferencias geográficas y culturales del continente: son muy diferentes las consecuencias del cambio de hora en Escandinavia y en los países del Mediterráneo. El horario de invierno acentúa la percepción de la noche a lo largo de la tarde, mientras que en verano el cambio otorga una hora de sol adicional al día que empieza tras el trabajo. En este aspecto, el efecto es común al norte y al sur: se beneficia el sector del ocio y, en teoría, se potencian las actividades deportivas en esta Europa de rutinas sedentarias y creciente preocupación, no ya únicamente por el ahorro energético, sino también por el sobrepeso.

20 de marzo de 2005

Transportes y localización

En el estudio de la economía, el transporte constituye una parcela de conocimiento a la que se le ha prestado atención sólo de manera relativamente reciente. Analizar la necesidad de transportar personas y mercancías implica introducir en la teoría económica la dimensión espacial y la variable distancia como factor de coste. La relevancia mayor del transporte en el análisis económico estriba en su influencia decisiva en la localización de actividades industriales y de servicios. La división territorial del trabajo funciona, en este sentido, como explicación casi universal: la especialización es la brújula de la organización de las actividades económicas a lo largo y ancho de un espacio. Aunque la localización por criterios productivos ha sido un claro determinante de la configuración actual de las regiones y países, es el momento en que se producen cambios por la deslocalización el que despierta el interés por el transporte como motor de las nuevas configuraciones. La revolución de los transportes más reciente es la que, definitivamente, coloca este factor en los engranajes de cualquier análisis económico. Y ello a pesar de que transportar mercancías ha sido una actividad vital para la evolución de las sociedades, desde las rutas medievales de la seda y las especias hasta el actual estado del comercio internacional. De hecho, no es otro que la distancia como barrera el factor que separa a una sociedad primitiva basada en el nomadismo de aquellos pobladores estables del territorio que descubrieron la agricultura.

Una de las razones por las que el transporte ha sido poco abordado por teóricos de la economía es la aparente paradoja que surge en el análisis. Se tiene claro que los servicios de transporte, sus costes, el tiempo invertido según la distancia y la existencia de medios alternativos influyen decisivamente en la localización de actividades. Pero también es cierto que la localización de actividades influye en los transportes. Esta interdependencia hace que la oferta de transporte sea capaz de generar parte de su propia demanda. El fenómeno ilustra las dificultades que se presentan en la producción de transportes, y más concretamente en la construcción de infraestructuras. Una carretera, una línea de transporte marítimo o el acceso a una ruta aérea sirven para acercar lugares de producción y centros de consumo. Gracias a que podemos llevar en ferrocarril los cargamentos de metal al puerto más cercano, se explota la mina en cuestión. Y, al mismo tiempo, si no fuera por la explotación de la mina, no habría vías de transporte que vertebraran ese territorio. ¿Dónde y cómo se deben construir infraestructuras para hacer posible simultáneamente la localización de una actividad económica y la viabilidad de ese transporte? En una economía mixta, confluyen ámbitos de decisión del mercado y de la planificación estatal que pueden aportar sobradas herramientas para abordar el problema. Pero es fácil errar el tiro: invirtiendo en servicios de transporte infrautilizados o dejando el camino libre a los habituales estrangulamientos en las vías de comunicación.

Los transportes son el caso paradigmático de sector con externalidades. Éstas pueden ser positivas o negativas, es decir, puede tratarse de efectos de la producción o el consumo de servicios de transporte que resulten beneficiosos o perjudiciales para un tercer agente que no es el productor o el consumidor. La sociedad, en sentido general, se ve afectada por la configuración de las redes de transporte. Y de manera decisiva por su influencia en la localización: el tamaño de las ciudades, la dispersión de las zonas urbanizadas, la distancia entre áreas industriales, la colonización del litoral o del campo y las migraciones son aspectos determinados en gran medida por la facilidad y el coste de los transportes disponibles, en cada momento concreto, para mover personas y mercancías por el territorio. Se trata de cuestiones fundamentales para la estructura económica de un país, lo cual actúa como razón de peso en la dialéctica entre estado y mercado. En la mayoría de las circunstancias, el papel de una correcta política económica debe anteponerse a las dinámicas del mercado. La planificación de infraestructuras es cosa bien diferente a la gestión. Planificar supone coordinar esfuerzos para que la sociedad alcance un óptimo tras la inversión deseada. Desde una óptica de mercado, no siempre es posible. Las infraestructuras de transporte ofrecen numerosos ejemplos de inversiones que se han tornado antieconómicas, los cuales en algunos casos sirven de demostración de que el mercado no ha proporcionado soluciones eficientes a la compleja decisión del transporte.

13 de marzo de 2005

Dejarse la vida en el trabajo

Cuando una sociedad vive con preocupación creciente la cuestión de la seguridad, resulta paradójico que un aspecto de la misma no merezca la necesaria atención. Preocupa que la vida se pueda perder en un segundo por causas como la inseguridad ciudadana o los accidentes de tráfico, pero el impacto trágico y constante de la siniestralidad laboral no se ha alzado aún como una verdadera prioridad. A pesar de que los accidentes y las víctimas mortales en los lugares de trabajo ocupan su espacio en los medios de comunicación, la presión social no se deja notar para obligar a los involucrados a mantener unas condiciones laborales seguras. La prosperidad económica implica una mayor exigencia de seguridad que se materializa en una adecuada labor de prevención. En un país como España, que ha vivido una notable expansión en la última década, cualquier balance de la siniestralidad laboral que no suponga una radical reducción de los daños producidos debe considerarse insatisfactorio. Es una cuestión básica: la dignidad de un puesto de trabajo no empieza a contar hasta que se consigue que el riesgo para la vida del trabajador no sea acuciante. La fatalidad es un factor incontrolable, pero no así el cumplimiento de las necesarias medidas de seguridad. El riesgo es evitable y nunca se puede justificar por razones económicas o haciendo responsable del mismo al trabajador.

Las relaciones laborales se tiñen de sangre en más ocasiones de lo que cualquier sociedad podría tolerar. Las estadísticas oficiales reflejan miles de accidentados y cientos de víctimas mortales al año en España por la siniestralidad en el trabajo. Son cifras que no se aceptarían si estuviéramos hablando, por ejemplo, de terrorismo. El espectacular crecimiento del sector de la construcción, auténtico motor de la producción, ha estado acompañado de un constante riesgo para los trabajadores. Las condiciones de precariedad y los problemas causados por la subcontratación son, en este sector, un caldo de cultivo para el incumplimiento de las normas de seguridad. Prueba de ello son los cincuenta trabajadores de la construcción que han muerto en accidentes en sólo los dos primeros meses de este año. El drama de la siniestralidad laboral supone también unos elevados costes, perfectamente medibles, para la economía y las actividades que se ven más afectadas. Se vuelve imperante la necesidad de un cambio de mentalidad. La prevención de riesgos y su eficaz gestión en las empresas se están convirtiendo en prioridad para muchos empresarios. Pero no hay que olvidar que es responsabilidad de otros empresarios la mayoría de los accidentes que se producen. Los desaprensivos que se saltan la ley en lo referido a las normas de prevención están causando muertes en el tajo todos los días.

La legislación sobre riesgos laborales en España ha dejado de ser un problema: se ha adecuado a la realidad y sobre el papel es más que satisfactoria. Sin embargo, siguen siendo mayoría las empresas que no incorporan la cultura de la prevención a su funcionamiento y se limitan a cumplir los requisitos legales. Esta escasa concienciación lleva a que se desprecie la tarea de reducir la siniestralidad como parte del propio objetivo de calidad y de competitividad en las empresas. Incluso siguen siendo preocupantes los niveles de incumplimiento de la ley de prevención, lo que indica que el problema se sitúa en muchos casos en el campo de la persecución legal. Los recursos destinados a la inspección de trabajo son muy limitados para sancionar adecuadamente todos los incumplimientos. El control de la administración pública sólo es ejemplar cuando se persiguen comportamientos delictivos que son sólo la punta del iceberg del problema. El esfuerzo legislativo debe extenderse también a los casos de ilegalidad más flagrante, como son las contrataciones irregulares, para evitar que haya trabajadores no protegidos que no puedan exigir seguridad por su precaria situación. A pesar del trabajo realizado social e institucionalmente para reducir la siniestralidad laboral, el problema sigue demandando una mayor atención. Hay pocas cosas peores que encontrar la muerte allí donde fuiste a ganarte la vida.