26 de octubre de 2003

Bolivia y la identidad de los pueblos
Ocurre que no tenemos conciencia, fuera de América Latina, de la conjunción de factores que en esos países hace posible, todavía, una solución revolucionaria para la brecha que separa a unas masas depauperadas de la élite de poder que gobierna sus estados. Creo que, por fortuna, muchas de estas sociedades -con Brasil como caso paradigmático- han logrado abrir un resquicio de reformismo social en la política tradicionalmente volcada al mantenimiento de las condiciones de acumulación de riqueza de la oligarquía, lo cual permite que todos los esfuerzos de lucha contra la desigualdad se canalicen a través de las instituciones democráticas que garantizan la convivencia. En un entorno global que evidentemente les es hostil, las naciones que buscan un desarrollo autónomo en América Latina pueden mirarse en el espejo de los modelos democráticos que, conseguida la independencia del Estado de las presiones externas y de los deseos particulares de la élite gobernante, son capaces de realizar reformas sociales y de lucha contra la pobreza sin necesidad de amenazar al mundo con el espectro de la revolución pendiente. Algunos países, como Bolivia, aún albergan todas las condiciones para pensar que la vía de la revolución es la única que devolverá el gobierno al pueblo. Esta circunstancia no cabe en la cabeza de un europeo, a no ser que cultive la afición al revolucionarismo de salón, puesto que -a pesar de los golpes y contragolpes- en la actualidad los regímenes democráticos estaban en vías de consolidación. Aunque cada vez sorprenden menos las crisis políticas con tintes subversivos -en Venezuela o Ecuador- que llevan el cambio a los gobiernos.

Bolivia, en apariencia, también ha proporcionado otro caso de transición de un gobierno contundentemente contestado por el pueblo a una situación en la que el poder tendrá que someterse a la palabra expresada por unos ciudadanos al límite de la desesperación. La revuelta popular que ha terminado con la salida de la presidencia de Sánchez de Lozada, y que tuvo como consecuencia un reguero de muertos por actuaciones salvajes del ejército, no fue el inicio de una revolución, pero poco le faltó. El motivo aducido era la venta del gas para la exportación a través de un puerto chileno, que se pretendía realizar mediante un acuerdo de la empresa energética nacional con transnacionales -como Repsol YPF- y que a ojos de muchos era injusto y perjudicial para los intereses de los bolivianos. No creo que Bolivia deba cerrarse a la exportación del gas; lo más razonable es que se renegocie la explotación de este recurso, del que se deberá beneficiar todo el país. Condiciones abusivas en las operaciones de exportación de materias primas no significan sólo un expolio de la riqueza del país, sino una deslegitimación del gobierno que no atiende a la voluntad de los ciudadanos. La protesta iniciada por pequeños comerciantes, a los que se sumaron los sindicalistas, los estudiantes, el colectivo indígena y el de campesinos cocaleros, no es desde esta perspectiva el inicio de un proceso revolucionario, sino la reivindicación de la propia soberanía nacional, en conflicto desde el mismo momento en que los gobernantes dejan de representar al pueblo. Un pueblo que, en esta ocasión, sufre el ser el más pobre de Sudamérica, con desigualdades sociales que ningún gobierno ha intentado atajar.

La conservación de las democracias en América Latina pasa por el, cada vez más evidente, giro hacia la reducción de la pobreza como prioridad de los gobiernos apoyados mayoritariamente por el pueblo. Cuando una clase política desprestigiada se permite el lujo de faltar a sus promesas de justicia social, los ciudadanos están en el derecho de pedir la revocación del mandato dado a un gobierno en las elecciones. Es la democracia sometida a prueba, como argumenta Sergio Ramírez: «El mecanismo se dispara a la brava en las calles porque el sistema democrático no ha sido capaz de resolver su mayor imperfección, que es la imposibilidad de crear un modelo de convivencia equitativa, más allá del simple pero fundamental derecho de elegir». Y la mayor virtud en el caso de Bolivia es que la contestación haya dado lugar a una solución por la vía institucional, con la investidura del sucesor legal del presidente huido de su cargo -su vicepresidente, Carlos Mesa- para encabezar un nuevo gobierno que se ha comprometido a consultar en referéndum la cuestión del gas boliviano y a propiciar un consenso constituyente que incluya a todos los sectores sociales. Es imprescindible recomponer la identidad de la nación y su vínculo con el Estado. Porque es la cuestión esencial, según apunta Manuel Castells: un pueblo como el boliviano, con una diversidad de identidades, busca su lugar en el mundo a través del control de sus propias decisiones. Construir el sentido de quién se es mediante la identidad del pueblo como colectividad nacional que logra su sitio en la globalización. Lo cual lleva a navegar entre la disgregación -por el fundamentalismo comunitario derivado de culturalismos indígenas diferenciadores- y la supeditación a los mercados internacionales. Con un objetivo: crear una identidad que dé existencia a la nación, a la colectividad que engloba a todos en igualdad y sin exclusión.

19 de octubre de 2003

Defensa europea y reticencias nacionalistas
Los proyectos europeístas de mayor calado que han terminado cuajando en la estructura actual de la UE fueron, en su momento, una combinación de idealismo cosmopolita y posibilismo tecnocrático. Los obstáculos que se presentaban al proceso de integración siempre se debían más a los aparatos de poder estatales que a las posibilidades de imaginación política y adhesión de la ciudadanía al proyecto ilustrado. Aunque no han sido pocas las crisis por euroescepticismo ciudadano, no es menos cierto que nunca ha dejado de existir un importante apoyo popular a la causa común europea; apoyo más que lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta que esta unión es la única vía que garantiza un liderazgo y una fortaleza en el mundo que ningún país por separado puede lograr. El idealismo siempre se ha alimentado con nuevas metas cada vez; el posibilismo es la corriente a la que se ha sumado toda familia política que quiera seguir siendo algo en Europa, de forma que incluso los más nacionalistas llegan a aceptar el proceso de unificación monetaria, comercial o fiscal al convertirse lo contrario, la involución, en un verdadero programa revolucionario que sólo está en boca de líderes populistas con escasas expectativas de éxito.

Como decía, por tanto, cualquier nueva frontera que se quiera derribar en la UE va a estar apuntalada más por las reticencias nacionalistas en las estructuras estatales que por una opinión contraria de los ciudadanos europeos, contagiados afortunadamente por un gen europeísta que se desarrolla más con cada nueva generación. Cada paso adelante se suele dar, eso sí, cuando ya la idea ha madurado mucho en la opinión pública y los posibilistas aceptan que será irremediable cambiar el chip. El euro podía parecer una locura, hasta que se implantó y a nadie se le ocurre cargárselo de un día para otro. Los europeos tendremos algún día un DNI común o un presidente votado por sufragio universal, y un segundo después de abordados esos cambios nos estaremos preguntando cómo es que no se hicieron antes. Si queremos que siga existiendo la Europa que conocemos, tendremos que acabar dando los pasos necesarios para acercarnos a la Europa que deseamos. Los beneficios de la Unión se mantienen continuando con más integración, hacia objetivos como la política exterior y de defensa única. Europa debe ser autónoma, lo que significa que toda la independencia que nos hayamos ganado respecto del aliado trasatlántico habremos de conservarla uniendo fuerzas y objetivos en una política en pos de la existencia autónoma de la UE.

La fuerza militar europea está dejando de ser una idea abstracta para convertirse en una necesidad. Porque algunos de los actuales líderes no están dispuestos a demorar la consolidación de los demás logros comunitarios a través de la dotación de una existencia real al poder de la UE, lo cual conlleva jugar en las relaciones entre aliados un papel distinto al de satélites. ¿Quién va a decidir en el futuro nuestro vínculo con la política de EEUU? El unilateralismo actual de Washington podría terminar con la salida de Bush de la Casa Blanca; en el futuro podría haber una actitud estadounidense menos agresiva con la idea de Europa que los europeos podemos aprovechar para continuar con nuestra integración sin levantar recelos. Pero al margen de estructuras o cambios futuros en las instituciones mundiales, la política exterior -apuntalada por la defensa- de Europa tendrá que reflejar una voluntad común de la ciudadanía que no dependa de los tira y afloja de los líderes de cada país. La 'desunión' europea entre el eje franco-alemán y los aliados de Bush de la 'nueva' Europa es más virtual que duradera en el tiempo si se ponen las bases de un proyecto serio de defensa que encauce el rechazo al hegemonismo estadounidense y el inconformismo ante un eventual estancamiento de la UE. Salvados los escollos de la tentación de protagonismo nacionalista, la defensa europea es sólo cuestión de aunar voluntades.

12 de octubre de 2003

Armas bajo control
A nadie se le escapa que, si hemos de destacar un mal entre los existentes en este mundo tantas veces injusto, ése debería ser la violencia que cada año amputa la vida a una parte de la humanidad. En ocasiones somos tan cínicos que relativizamos el valor de la vida, el único patrimonio real de este mundo a falta de otras promesas metafísicas, con la comprensión de la muerte como una salvación en tantos lugares del planeta en los cuales la mera existencia se ha convertido ya en un infierno. ¿Es la pérdida de una vida, bien imprescindible, menos grave cuando una guerra le ha usurpado todo valor a ésta, cuando el individuo queda reducido a simple estadística de los efectos de un conflicto? No lo debemos de entender así, si tenemos en cuenta que la erradicación de esta violencia atroz es una eterna causa a la que se suman muchos esfuerzos. Hace pocos días Oxfam, Amnistía Internacional y la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA) lanzaban la campaña «Armas bajo control» por la seguridad de las personas ante la amenaza de la violencia armada. El objetivo es impulsar una regulación eficaz, un control estricto, del comercio de armas. Como bien explican, el problema es evidente: «Cada año, las armas matan como promedio a más de medio millón de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Miles de personas más quedan mutiladas, son torturadas y se ven forzadas a huir de sus hogares. La proliferación incontrolada de armas intensifica los conflictos, agrava la pobreza e incentiva las violaciones de los derechos humanos. La comunidad internacional debe actuar de manera inmediata».

Son los países más desarrollados, y que más peso internacional ostentan, los que más participan en el negocio de la exportación de armas. Este comercio global no tendría nada de escandaloso si no se combinaran dos factores fatales: los controles sobre estas operaciones son mínimos y una mayoría de este tráfico es susceptible de caer en zonas de conflicto en las que el armamento sirve para cometer violaciones de los derechos humanos. El uso, tremendamente fácil, de armas ligeras las hace más mortíferas que las armas pesadas. Lo demuestran situaciones como las que se sufren al término oficial de muchos conflictos, cuando grupos rebeldes armados o fuerzas represivas del Estado se apoderan de armas que lastrarán indefectiblemente el desarrollo de esa sociedad. Las transferencias irresponsables de armas, que propician que éstas caigan en las manos equivocadas, han sido letales en numerosos casos que explica el informe «Vidas destrozadas», elaborado para esta campaña. Los ejemplos son múltiples y variados: Congo, Afganistán, Colombia... Y las cifras que describen el coste humano, tristemente elocuentes: una persona muere cada minuto por un disparo, 300.000 niños soldados participan en conflictos armados, miles de mujeres y niñas fueron violadas a punta de pistola en guerras como la de Ruanda o los Balcanes; desgracias a las que hay que sumar el número de refugiados o de secuestros por bandas armadas y el coste en subdesarrollo y privación de servicios esenciales. El descontrol en el comercio de armas sirve para engrasar la maquinaria del círculo vicioso 'pobreza-conflicto armado-pobreza'.

Oxfam y AI no se quedan en la denuncia de una realidad que conocen por su actividad diaria, puesto que demandan con esta campaña una voluntad política mayor que impulse la actuación inmediata de los gobiernos responsables de estas reglas del juego. Reglas que están proporcionando cada vez más argumentos a las peticiones de un Tratado de Comercio de Armas a firmar por todos los países y que prohíba las trasferencias de armas que puedan dar lugar a violaciones de los derechos humanos. En conflictos de muy distinta naturaleza, vemos cómo al final el saldo de víctimas es cada vez más elevado entre la población civil. Tras el 11-S se podría haber pensado que la lucha contra el terrorismo significaría un mayor control del tráfico de armas, pero ha ocurrido justo lo contrario, en un contexto de falta de regulación de los movimientos en este mercado mundial del que se nutren grupos armados de todo el mundo cuyas acciones recaen principalmente en civiles. Si el deber del Estado es proteger a la ciudadanía, el marco institucional global deberá reflejar este mandato que los diferentes gobiernos han de llevar a cabo a través de una total fiscalización del creciente comercio de armas y del mal uso de acuerdo con el derecho internacional. «Es como si fregáramos el suelo con los grifos abiertos. Una lluvia de balas dura cinco minutos, pero para salvar a una persona se requieren tres horas y gran cantidad de recursos». La impotencia que reflejan estas palabras de un médico ugandés que cita el informe no debe trasladarse al ámbito de la política, donde el empuje de la opinión pública y la iniciativa de un grupo importante de Estados podría impulsar actuaciones adecuadas, y urgentes, que pongan al comercio de armas, de una vez por todas, bajo control.

5 de octubre de 2003

Wojtyla y la vida después de la muerte
Juan Pablo II es uno de los Papas que durante más años ha gobernado la Iglesia Católica. El polaco Karol Wojtyla tomó relativamente joven las riendas del Vaticano, y ha podido ejercer su autoridad con la tranquilidad y el vigor necesarios para adaptar la institución más antigua de Occidente a los nuevos tiempos. Cumple en estas fechas veinticinco años de papado, cuando de nuevo se intensifica el ambiente de expectación ante una muerte inminente del anciano de 83 años que, cada vez con más evidentes dificultades, intenta cumplir con su agenda de actos desde Roma. Ha sido un Papa muy activo que ha batido todos los récords en viajes por todos los países, pero ahora ofrece una imagen que quedará como la del Papa incapaz que, por reivindicar la valía de la ancianidad, está dejando que la enfermedad convierta su cargo en títere en manos de los grupos de influencia que gobiernan el Vaticano. La desaparición de Wojtyla es una noticia esperada, en los dos sentidos: a nadie cogerá por sorpresa su muerte y muchos preferirán un pronto fallecimiento que ponga un fin definitivo a este largo papado, por distintas razones. Por caridad cristiana, ya que el empeño en no dejar sus responsabilidades pueden llevar al Papa a soportar demasiado sufrimiento físico en el quehacer vaticano. Por abrir pronto el periodo de sucesión, que a buen seguro está provocando excesivas pugnas internas en la Iglesia. O por satisfacer la gran incógnita de los vaticanistas, que en estos momentos ya apuntan las claves de la designación de nuevo Papa.

Sin embargo, en el entorno de Wojtyla hay algunos que han querido ironizar con los rumores que desde la Iglesia insinúan un desenlace muy cercano: «Muchos periodistas que en el pasado han escrito sobre la salud del Papa ya están en el cielo». Los obituarios ya elaborados están envejeciendo en las redacciones de los periódicos, tanto que a la CNN se le escapó la publicación en su web de uno de Juan Pablo II hace poco... y estaba escrito por un periodista que había muerto hacía dos años. No sabemos qué pasará si aún al Papa le quedan muchos meses de vida. En cualquiera de los casos, el fin de su papado será natural, lo cual remarca el periodo abierto en 1978 como principal en la transformación de la Iglesia Católica. Wojtyla ha sido un Papa carismático, y su gobierno atraviesa temporalmente dos épocas clave de la reciente historia europea, con el derrumbe de los regímenes del Este como ecuador de su intenso trabajo diplomático. Lo mismo ha destacado como anticomunista que como el Papa que viajó a Cuba. Es un Sumo Pontífice sumamente conservador que ha echado el freno a cualquier avance en materia doctrinal o en la moral sexual, a la vez que ha buscado una recuperación de los valores en la 'sociedad de consumo'. «Juan Pablo II y el legado del Concilio Vaticano II», un buen título para los análisis que tendrán que hacerse sobre la evolución de la Iglesia con la perspectiva de los años, cuando ya hay quien pide un tercer Concilio.

Este sacerdote polaco, no obstante, ha mantenido como seña de identidad en su diplomacia la contundencia en la demanda de paz cada vez que ha existido un conflicto. En relación con Irak, el «no a la guerra» desde la Plaza de San Pedro ha sonado en este último año con gran apariencia simbólica: la de un líder de masas, ya viejo, que pedía cordura a los gobernantes del mundo. Pero ahora ya no quedarán todas estas impresiones más que para el balance de pros y contras que cada sector de la Iglesia haga post-mortem. El legado primordial de Wojtyla está claro, al margen de la orientación del nuevo Papa: es preferible la continuidad. Con el nombramiento de nuevos cardenales se vislumbra lo que será el próximo Cónclave, en el que se elegirá previsiblemente a un papable que sea aceptado por una mayoría de fieles, ni muy conservador ni muy liberal. El mensaje cristiano es universal y, tal como lo entienden muchos, especialmente dirigido a la inclusión, contra la pobreza. Visto así quizá no parezca extraño abrirse a millones de católicos americanos con el nombramiento de un Papa hispano, de fuera de la opulenta Europa. La Iglesia Católica va a verse ante la oportunidad de caminar unos pasos adelante hacia la modernidad, aunque sabemos que los lobbies más reaccionarios trabajarán en sentido contrario a este posible talante del nuevo Papa. Pero lo cierto es que aunque no llegue con ánimo revolucionario, una constante demanda de cambios se arremolinará alrededor del nuevo pontificado. Wojtyla dejará un legado de estabilidad, pero no una férrea atadura a la tradición que impida a la Iglesia cambiar por influencia de un Papa mantenido en vida después de su muerte.