29 de junio de 2003

El siglo de Orwell
Pocos escritores han visto tan marcados los más relevantes acontecimientos del siglo XX con el sello dejado por su obra como el británico Eric Blair, que todos conocemos como George Orwell. La literatura a disposición de una causa antiimperialista, o antifascista después, es un rasgo de la intelectualidad que vivió las convulsas décadas centrales del pasado siglo; sin embargo, la distinción que una decidida iniciativa por vivir la historia en primera línea de batalla proporcionó a Orwell, ha constituido tras su muerte la erección de su figura como exponente de intelectual honesto que, sin renunciar a sus ideas izquierdistas, supo en el momento oportuno dirigir la más contundente crítica al estalinismo. Quizá más citadas y renombradas que leídas, sus novelas '1984' y 'Rebelión en la granja' han recorrido los años para dejar testimonio a las generaciones futuras del horror que el totalitarismo o el despotismo 'revolucionario' traen siempre que el pensamiento político se vuelve contra la propia libertad humana. Olvidados, o no tanto, los escenarios 'reales' que inspiraron a Orwell, el pensamiento antiestalinista del escritor nos ha legado inmejorables alegatos a favor de la democracia, que en otros contextos suponen una constante llamada de alerta: las temibles tentaciones que llevan a una sociedad a adorar la vigilancia del 'Gran Hermano', cuando creamos sintomáticas 'neolenguas' o extendemos consignas como 'la guerra es la paz'; o la inquietante frase en la pared de la granja de animales, «Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros».

Pero la obra de Orwell no nos ha llegado como un mensaje en una botella, porque su significado irá irremisiblemente unido a la vida del autor. Ahora que se cumple el centenario, se recuerda que siempre dejó claro su deseo de no ser biografiado; a pesar de lo cual, la experiencia vital de Orwell ha interesado a cuantos lo han leído. Su estancia en Barcelona en 1937 marcó su forma de pensar, y dio lugar al 'Homenaje a Cataluña' y a su esclarecedora visión sobre la contienda donde sufrió el ambiente de enfrentamiento entre republicanos, el cual le condujo a sucesos típicamente estalinistas de eliminación del adversario. [En La Insignia están publicados, en su sección Diálogos, algunos «Recuerdos de la Guerra Civil española»]. Orwell decía que todo escritor tiene cuatro motivos para escribir: el 'egoísmo agudo', el 'entusiasmo estético', el 'impulso histórico' y el 'propósito político'. Reconoce que para una persona como él era inevitable no subordinar las demás razones a la motivación política, tan intensa en una época de tiempos agitados que puede llevar a un reconocido escritor a convertirse en panfletista. Ser testigo del momento es siempre un estímulo intenso que invita a dejar huella en el pensamiento de la época. Afirma Orwell al explicar por qué escribió: «Cada línea seria que he escrito desde 1936 lo ha sido, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático, tal como yo lo entiendo». «Cuanto más consciente es uno de su propia tendencia política, más probabilidades tiene de actuar políticamente sin sacrificar la propia integridad estética e intelectual»

22 de junio de 2003

El derecho al agua (y II)
Las dimensiones de la tragedia que en poblaciones de todo el mundo supone no tener acceso a agua en buenas condiciones de salubridad son ya innegables. Baste el dato de 30.000 personas que mueren cada día por enfermedades agravadas por la carencia de agua sana. O reconocer que la mitad de la población mundial no dispone de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Tiene razón Petrella cuando afirma que soluciones no faltan, y que para llevarlas a cabo tan solo precisaríamos de gobernantes capaces de tomar las decisiones oportunas: «...reconocer el acceso al agua potable sana como un derecho humano universal, indivisible e imprescriptible; tratar el agua como un bien común perteneciente a la vida sobre la tierra y a la humanidad y no como una mercancía, un bien económico, privatizado; promover otra agricultura (para la alimentación local, poco destructora del suelo y menos depredadora de agua); reorientar la tecnología al servicio de las necesidad de los más desposeídos (por ejemplo, reinventar la utilización del agua de lluvia); lograr la participación de los ciudadanos en la gestión del agua mediante la revalorización de las instituciones democráticas representativas y la creación de prácticas democráticas directas, participadas». («¿Derecho a beber agua o a pagarla?», Riccardo Petrella).

A pesar de los aportes del progreso científico y tecnológico, el agua sigue siendo un problema; por esta razón, en el contexto de la creación de un mundo cada vez más globalizado, no podemos más que adoptar una óptica política para organizar los esfuerzos que confluyen en la satisfacción de esta necesidad básica para todos y cada uno de los habitantes del planeta. El agua como bien público se convierte verdaderamente en el bien común mundial del ecosistema Tierra, del que nadie puede desentenderse: a todos incumbe como seres humanos la conservación y el uso sostenible del bien esencial para la vida. Y el acceso y disfrute del agua, con sus derechos y obligaciones, corresponde a cada comunidad humana, pero sin perder la vinculación con el sujeto primordial al que corresponde la 'titularidad' de este bien: la comunidad humana mundial. En este punto, la propuesta de Petrella en «El manifiesto del agua» acierta en formular la necesidad de un Convenio Mundial que asegure el acceso al agua a todos los seres humanos como «derecho político, económico y social inalienable, individual y colectivo al mismo tiempo». Sería una forma de hacer legalmente vinculante el derecho al agua para así establecer los mecanismos políticos más oportunos de administración a escala global.

El objetivo primordial de cualquier decisión política se resume en lograr una gestión sostenible e integrada de acuerdo con los principios de solidaridad. Éstos implican cumplir con la responsabilidad individual y colectiva con el resto de la población mundial, con las generaciones futuras y con el ecosistema, y atender a los más adecuados principios de reparto y protección del agua. La base de esta gestión debe residir en las estructuras democráticas, para lo cual hay que potenciar los parlamentos y fomentar mecanismos de democracia participativa. En el ámbito internacional hay un vacío de instituciones: hay que crear un organismo mundial, que como matiza Petrella no puede convertirse en un entramado burocrático susceptible de ser corrompido por los intereses de los 'señores del agua'. La sugerencia está sobre la mesa: un parlamento mundial del agua. Porque la situación actual acumula demasiados vicios institucionales que en nada favorecen la consecución efectiva de los objetivos que se marcan. Sobre el agua deciden en el momento presente todos los componentes de la oligarquía mundial: empresas de aguas, Banco Mundial, organismos internacionales como la FAO, los técnicos-científicos que avalan los principios sobre los que se mueven todas estas instituciones.

Petrella explicita en todo momento su deseo de que los ciudadanos tomen la iniciativa para no dejar un asunto tan trascendental como el agua en manos de esa «oligarquía de financieros, tecnócratas y comerciantes». En ese caso, será fundamental tener claro de qué forma sustituimos el 'dejar hacer' del mercado. Considerada el agua como un bien económico, sabemos que los mecanismos de mercado no nos proporcionan un resultado óptimo. Se deberá adoptar en su lugar un sistema de 'fijación de precios' escalonado de acuerdo con los principios ya mencionados de solidaridad y sostenibilidad. Una triple tarifa, por ejemplo: el primer nivel corresponde a la cantidad y a la calidad necesarias e indispensables para la vida (el agua como necesidad básica), que sería pagado a través de impuestos o pagos únicos a nivel colectivo. El segundo nivel es el superior al umbral mínimo imprescindible y se facturaría con precios en aumento a cada consumidor. También se incluiría en ese nivel el uso del agua en la industria o en otras actividades productivas. Sin perjuicio de la existencia de un tercer nivel: a partir de un determinado límite, el consumo del agua no deberá ser permitido. El objetivo es fomentar una cultura de gestión razonable del agua. Cualquier propuesta que vaya en esta línea será positiva, aunque en la actualidad debemos enfrentarnos en primer lugar a algo más grave: la ausencia de voluntad política, en la mayoría de los países, respecto a solucionar el problema del agua.

15 de junio de 2003

El derecho al agua (I)
El agua es un bien vital al que no tienen acceso 1.500 millones de personas. La tendencia que el desarrollo de las economías más avanzadas apunta para el futuro es hacia la consolidación de la 'mercantilización' del agua: convertida en bien económico, el acceso a ella dependerá del criterio 'justo' del precio establecido a través de mecanismos de mercado. Nunca hemos considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal, patrimonio vital de la humanidad. «El acceso al agua debe ser considerado como un derecho básico, individual y colectivamente inalienable». Estas son las ideas básicas que el profesor Riccardo Petrella viene divulgando desde hace años. Economista, italiano establecido en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, ha trabajado como director durante 15 años del programa FAST de la Unión Europea y ha irrumpido con fuerza en el precario mercado de las conciencias para sensibilizar a la población mundial sobre el problema del agua, además de para razonar y dar cuerpo a todo un movimiento ciudadano global que debería luchar desde este mismo momento para evitar el agravamiento de una situación ya de por sí dramática.

Publicado por Icaria e Intermón Oxfam, el ensayo de Petrella El manifiesto del agua traza el panorama mundial en el que la necesidad de este recurso esencial puede causar problemas en apenas un par de décadas, si no se pone remedio, al doble de población que actualmente sufre su carencia. No escapan a su análisis los obstáculos que los 'señores del agua' o los intereses privados ponen a las soluciones, orientando la tendencia hacia la privatización del agua, como si de un bien económico cualquiera se tratara. El Foro Mundial del Agua celebró el pasado marzo su tercera edición en Kyoto, y además de servir para reconocer la verdadera dimensión de la crisis, dio un modesto impulso a las bases de la que debería ser una política mundial del agua. Aunque la sensación que deja el enésimo encuentro global para buscar salida a la «crisis del agua», anunciada desde hace veinte años, es que los estados no están por la labor de caminar hacia una autoridad mundial que abordara los factores fundamentales del problema: distribución desigual de los recursos hídricos, contaminación, etc. Las necesidades de financiación de las instancias públicas que en cada realidad local tienen que hacer frente a la infraestructura que atienda a las poblaciones más afectadas por la escasez, son también determinantes del agravamiento de la situación.

A pesar de las cuantiosas inversiones auspiciadas por instituciones internacionales para la consecución de un acceso universal al agua potable, los esfuerzos deberán ser muy superiores en las próximas décadas si se quiere alcanzar ese objetivo de reducir a la mitad en 2015 las penurias actuales. Todos sabemos, además, cuál es la primera barrera: el subdesarrollo. El agua como derecho básico, cuyo abastecimiento no demasiado gravoso debieran garantizar los poderes públicos locales, requiere un importante flujo financiero que subsane el déficit de infraestructuras de saneamiento y depuración de los principales núcleos de pobreza. Una justa redistribución global entre países serviría para establecer una corresponsabilidad a la hora de cumplir con la adecuada administración del agua como patrimonio común de la humanidad, pero también jugaría un papel de incentivo a la cooperación frente a la fuente de conflictos presentes y futuros -los más graves, entre estados- que el problema del agua puede representar si no se ataja de raíz, como sostiene Petrella. Las inversiones que no llegan se unen a las dificultades de una situación nada halagüeña en muchos puntos del planeta: aumento descontrolado de la población, cambio climático, creciente contaminación o sobreexplotación de los recursos hídricos, etc.

La iniciativa pública debe primar, siempre que se consideren realmente prioritarias las políticas de solidaridad y el control de los ciudadanos sobre un bien esencial, frente a la influencia de las grandes empresas del sector que presionan a favor de la privatización. Aunque la prevención hacia los intereses 'nacionales' es también necesaria en muchos casos: la tendencia de los gobiernos a ejecutar grandes obras de infraestructura, que enseñan como muestras de poder, es ciertamente preocupante. La mayor presa del mundo es la llamada presa de las Tres Gargantas, que se está construyendo, desde hace diez años, en el río Yangtsé. Es el ejemplo perfecto de proyecto faraónico, destinado a controlar las aguas del gran río de China, con el que han soñado dirigentes de varias generaciones. Pero los riesgos de obras de tal magnitud, amén de la cuestionable eficacia de la construcción de grandes presas, colocan muchos interrogantes a esta política de inversiones. Dos millones de personas van a verse desplazadas por la inundación de 632 kilómetros en esta región china. Los costes sociales, ambientales y económicos se suman a la pérdida de decenas de ciudades y más de mil poblaciones con su riqueza particular; el desastre ecológico que se vislumbra podría ser el mayor vivido en el país.

8 de junio de 2003

El espacio de la convivencia
Se ha hecho público el informe de este año del Defensor del Pueblo, que además de desmentirnos que esa figura sea -como tememos, en ocasiones- un mero adorno institucional, ha descrito varios fenómenos ya conocidos pero que merecen más atención. Lo más llamativo del estudio realizado sobre la educación en España es que, mientras un tercio de los escolares de primaria tienen buena opinión de los inmigrantes, ronda el 36% el porcentaje de alumnos que los rechaza. Cuando la escuela no puede o no le dejan instruir en los valores de la convivencia, son los entornos familiar y social los que trasladan su visión del mundo a los niños; no es sorprendente, por otro lado, que el rechazo que refleja la encuesta se reduzca considerablemente cuando se trata de compañeros de clase. El problema está en que ese niño extranjero de la clase no es el 'inmigrante' al que se le ponen reparos porque el 'otro' que es rechazado es justamente alguien con quien no se puede convivir. Un contrasentido. Se crean constantemente arquetipos del 'inmigrante' que sólo pretenden etiquetar a esa parte de la población que vive en esta sociedad, lo cual proporciona el resultado paradójico que cada vez es más patente: hay un rechazo social a la inmigración, genérico, que cala en algunos sectores, pero cada vez es más insostenible repudiar la convivencia real que ya existe entre 'los de fuera' y los 'autóctonos'.

En el estudio realizado sobre la escolarización de hijos de inmigrantes por el Defensor del Pueblo y UNICEF, se alerta de la excesiva concentración de éstos en los colegios públicos. Un 80% está matriculado en la red estatal, frente a un 20% en los colegios privados concertados. Se hace necesaria una redistribución, si a esto añadimos que los centros que se catalogan como de 'entorno socioeconómico bajo' son los que acogen mayor proporción de inmigrantes en las aulas. Todo el sistema educativo financiado con dinero público debe contribuir por igual a la integración escolar de la inmigración y a evitar la formación de 'guetos'. A pesar de las visiones distorsionadas del fenómeno, sólo el 2,22% de los alumnos son de familias inmigrantes. Una adecuada atención a este sector, con las habituales dificultades de idioma y de escaso nivel educativo previo, debería de servir para eliminar la posibilidad de conflictos en los colegios. Para ello se necesita un esfuerzo público en favor de la igualdad de todos: nada mejor que seguir las recomendaciones que hacen los expertos. Sólo así se deja sin argumentos a la estúpida prevención de quienes querrían ver en la inmigración una fuente continua de problemas. Favoreciendo una escuela que convive con la diversidad sin etiquetas. Ese modelo que nos refleja la realidad de unas escuelas concertadas que evitan al 'extranjero' es el ejemplo a no seguir.

[El antropólogo Manuel Delgado desmenuza en un artículo los conceptos relacionados con el anonimato y la ciudadanía: «Este es el acto primordial del racismo de nuestros días: negarle a ciertas personas calificadas de «diferentes» la posibilidad de pasar desapercibidas, escamotearles el derecho a no dar explicaciones, obligarles a exhibir lo que los demás podemos mantener oculto. (...) Obligándole a subirse sobre una especie de pedestal, desde el que es obligado a pasarse el tiempo informando sobre su identidad, los llamados «inmigrantes», «extranjeros» o «étnicos» hacen inviable el ejercicio del anonimato, ese recurso básico del que se deriva el ejercicio de los fundamentos mismos de la democracia y la modernidad, que no son otros que la civilidad, el civismo y la ciudadanía. Estos ejes de la convivencia democrática que se aplican a individuos que no han de justificar idiosincrasias ni orígenes especiales para recibir el beneficio de la reducción -o la elevación, si se prefiere- a la nada identitaria básica: aquella que hace de cada cual un ser humano, lo que debería ser idéntico a un ciudadano, con todos los derechos y obligaciones consecuentes. Con esta factibilidad de convertirse sencillamente en transeúnte, persona de la calle que no ha de dar explicaciones de nada, es el requisito para cualquier forma de integración social verdadera].

2 de junio de 2003

El futuro de Europa en manos de la Convención
Desde hace ya más de un año están trabajando, los miembros designados por las diferentes instituciones comunitarias y nacionales con Valéry Giscard d'Estaing al frente, en el documento que marcará la arquitectura política de Europa. La Convención encargada de tal misión ya ha proporcionado a la Unión Europea un borrador de Constitución que estos días se está debatiendo. Será la norma que, por encima de las constituciones nacionales, pondrá orden a la institución que une a los europeos: con su aprobación se proporciona personalidad jurídica a la UE, se refuerza el sistema institucional que deberá funcionar en esa Unión ampliada a 25 miembros -con 450 millones de europeos- y se potencia el núcleo político del proyecto europeísta. Hay, verdaderamente, cuestiones que satisfacen el necesario impulso a la efectiva unión de Europa: se añade a la Constitución la Carta de Derechos Fundamentales con carácter vinculante, se funden los tratados anteriores y la legislación vigente en una misma norma que incluirá como novedad el marco jurídico sin fronteras interiores, se aumenta el poder del Parlamento y se amplía el ámbito de decisiones que el Consejo tomará por mayoría cualificada, aunque aún sobre 16 materias podrán ejercer el veto. Se busca un funcionamiento más eficaz que, eventualmente, nos lleve en este proceso a una estructura federal para Europa.

Sin embargo, sigue siendo difícil avanzar por la senda federalista cuando aún muchos querrían atascar la integración con las clásicas reticencias a las cesiones de soberanía. El procedimiento intergubernamental se hace más obsoleto conforme se consolidan los revolucionarios logros conseguidos en materia comercial, monetaria o agrícola. Los reparos a la supranacionalidad plena irán desapareciendo, también en los poco entusiastas países del Este, con el adecuado ritmo de integración que implica que, tras haber negociado con la parsimonia diplomática las más diversas materias, los avances se producen cuando ya su necesidad es evidente. Es de esperar que aspectos como la fiscalidad, el modelo social europeo o la reforma de la PAC se vean contagiados por esos imprescindibles pasos hacia adelante que la UE está obligada a dar. En materia de seguridad y defensa, también, en la medida en que los ciudadanos demanden esa voz exterior única: los gobiernos nacionales tienen que dejar de estorbar para que las distintas 'visiones' que ahora se tienen del papel de Europa en el mundo cuajen en un liderazgo coherente con la opinión de los ciudadanos. En ese sentido, se teme que esa innovación del Presidente -¿por qué no elegido por sufragio directo?- y el Ministro de Exteriores sea una fallida contribución que aumente el barullo político. La Constitución peca de falta de ambición, aunque debe ser vista como la primera piedra de un nuevo proceso.

Los europeos deberíamos lograr una implicación total con estos movimientos políticos que, por desgracia, en ocasiones son vistos como ejercicios de alta política dirigidos por burócratas. El mayor contenido político de la construcción europea, por contra, no llegará hasta que los ciudadanos le presten la atención que los asuntos prioritarios que en él convergen merecen. Está siendo patente el desinterés de los medios de comunicación por tratar las noticias relacionadas con la Constitución Europea: quizá cuando, si procede, debamos aprobarla la mayor parte de la población habrá estado desconectada de lo que se cuece en la UE. Desde luego que muchos aspectos de la negociación que ha dado lugar a este texto -muy técnico y farragoso- no entusiasman a nadie, pero las líneas generales de lo que queramos hacer con Europa deberían ocupar más espacio del debate político del que ahora ocupan. Es llamativo, en ese sentido, que una polémica estéril sobre la inclusión en el preámbulo de la Constitución de una referencia a las 'raíces cristianas' haya tenido más recorrido que el debate de otras materias. Es incomprensible volver a los anclajes religiosos del poder político, con los esfuerzos de algunos sectores auspiciados por el Papa que han terminado dejándonos una redacción anodina a partir de remiendos en el encabezado del tratado constitucional. Juan Urrutia explica en Por una Europa laica las implicaciones de la independencia de la espiritualidad del poder con meridiana claridad.