12 de octubre de 2003

Armas bajo control
A nadie se le escapa que, si hemos de destacar un mal entre los existentes en este mundo tantas veces injusto, ése debería ser la violencia que cada año amputa la vida a una parte de la humanidad. En ocasiones somos tan cínicos que relativizamos el valor de la vida, el único patrimonio real de este mundo a falta de otras promesas metafísicas, con la comprensión de la muerte como una salvación en tantos lugares del planeta en los cuales la mera existencia se ha convertido ya en un infierno. ¿Es la pérdida de una vida, bien imprescindible, menos grave cuando una guerra le ha usurpado todo valor a ésta, cuando el individuo queda reducido a simple estadística de los efectos de un conflicto? No lo debemos de entender así, si tenemos en cuenta que la erradicación de esta violencia atroz es una eterna causa a la que se suman muchos esfuerzos. Hace pocos días Oxfam, Amnistía Internacional y la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA) lanzaban la campaña «Armas bajo control» por la seguridad de las personas ante la amenaza de la violencia armada. El objetivo es impulsar una regulación eficaz, un control estricto, del comercio de armas. Como bien explican, el problema es evidente: «Cada año, las armas matan como promedio a más de medio millón de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Miles de personas más quedan mutiladas, son torturadas y se ven forzadas a huir de sus hogares. La proliferación incontrolada de armas intensifica los conflictos, agrava la pobreza e incentiva las violaciones de los derechos humanos. La comunidad internacional debe actuar de manera inmediata».

Son los países más desarrollados, y que más peso internacional ostentan, los que más participan en el negocio de la exportación de armas. Este comercio global no tendría nada de escandaloso si no se combinaran dos factores fatales: los controles sobre estas operaciones son mínimos y una mayoría de este tráfico es susceptible de caer en zonas de conflicto en las que el armamento sirve para cometer violaciones de los derechos humanos. El uso, tremendamente fácil, de armas ligeras las hace más mortíferas que las armas pesadas. Lo demuestran situaciones como las que se sufren al término oficial de muchos conflictos, cuando grupos rebeldes armados o fuerzas represivas del Estado se apoderan de armas que lastrarán indefectiblemente el desarrollo de esa sociedad. Las transferencias irresponsables de armas, que propician que éstas caigan en las manos equivocadas, han sido letales en numerosos casos que explica el informe «Vidas destrozadas», elaborado para esta campaña. Los ejemplos son múltiples y variados: Congo, Afganistán, Colombia... Y las cifras que describen el coste humano, tristemente elocuentes: una persona muere cada minuto por un disparo, 300.000 niños soldados participan en conflictos armados, miles de mujeres y niñas fueron violadas a punta de pistola en guerras como la de Ruanda o los Balcanes; desgracias a las que hay que sumar el número de refugiados o de secuestros por bandas armadas y el coste en subdesarrollo y privación de servicios esenciales. El descontrol en el comercio de armas sirve para engrasar la maquinaria del círculo vicioso 'pobreza-conflicto armado-pobreza'.

Oxfam y AI no se quedan en la denuncia de una realidad que conocen por su actividad diaria, puesto que demandan con esta campaña una voluntad política mayor que impulse la actuación inmediata de los gobiernos responsables de estas reglas del juego. Reglas que están proporcionando cada vez más argumentos a las peticiones de un Tratado de Comercio de Armas a firmar por todos los países y que prohíba las trasferencias de armas que puedan dar lugar a violaciones de los derechos humanos. En conflictos de muy distinta naturaleza, vemos cómo al final el saldo de víctimas es cada vez más elevado entre la población civil. Tras el 11-S se podría haber pensado que la lucha contra el terrorismo significaría un mayor control del tráfico de armas, pero ha ocurrido justo lo contrario, en un contexto de falta de regulación de los movimientos en este mercado mundial del que se nutren grupos armados de todo el mundo cuyas acciones recaen principalmente en civiles. Si el deber del Estado es proteger a la ciudadanía, el marco institucional global deberá reflejar este mandato que los diferentes gobiernos han de llevar a cabo a través de una total fiscalización del creciente comercio de armas y del mal uso de acuerdo con el derecho internacional. «Es como si fregáramos el suelo con los grifos abiertos. Una lluvia de balas dura cinco minutos, pero para salvar a una persona se requieren tres horas y gran cantidad de recursos». La impotencia que reflejan estas palabras de un médico ugandés que cita el informe no debe trasladarse al ámbito de la política, donde el empuje de la opinión pública y la iniciativa de un grupo importante de Estados podría impulsar actuaciones adecuadas, y urgentes, que pongan al comercio de armas, de una vez por todas, bajo control.

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