12 de mayo de 2002

Justicia
El comercio crea riqueza. Y una economía globalizada debería servir precisamente para que esa riqueza pueda llegar a todos los países. Pero la realidad es otra: la participación de los países de bajos ingresos en los beneficios del comercio internacional es ínfima en comparación con la de los países más desarrollados. No puede extrañar a nadie que las desigualdades sigan creciendo en un mundo en el que la brecha entre ricos y pobres se ha convertido en un foso de exclusión provocado, entre otras cosas, por la hipocresía y el doble rasero de los privilegiados. Las cuantiosas subvenciones y otras medidas proteccionistas del Norte conllevan una sobreproducción en los mercados agrícolas y unos precios artificialmente bajos que destruyen las oportunidades de muchos agricultores del Sur que no pueden competir en esas condiciones.

La relación es muchas veces de dependencia. Países que terminan especializados en la producción de una materia prima concreta y que ven cómo los precios en el mercado mundial bajan de manera continua. Y para otros tantos productos se comprueba el daño que los aranceles de los países ricos producen: se penaliza la manufactura de bienes alimenticios, condenando a los productores a renunciar a la creación de valor añadido en el lugar de origen. Todo esto y más es estudiado en el informe que Intermón Oxfam ha presentado sobre la situación del comercio internacional y que es el eje central de la campaña Comercio con Justicia. Dan una cifra: 100.000 millones de dólares es el coste que soportan los países pobres para que nosotros nos permitamos el lujo de mantener esas reglas del juego que claramente les perjudican.

Los gobiernos tienen en su mano el poder realizar un profundo y necesario cambio institucional en el marco bajo el cuál se desarrolla el comercio en la actualidad: no se debe continuar con la hipócrita protección de los intereses de los países ricos a la vez que se exige la apertura de mercados a la importación a los países menos desarrollados. De la misma manera, las empresas transnacionales seguirán aprovechando, si no se establecen controles, las posibilidades de explotación laboral que se les ofrece con la localización de actividades en zonas concretas ajenas al desarrollo conjunto del país. El economista Amartya Sen cree imprescindible «crear condiciones que permitan un reparto íntegro y más justo de los enormes beneficios del comercio», y así lo demuesta apelando a un impulso político de cambios organizativos que satisfagan un mayor nivel de equidad.

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