El recuento de víctimas del ladrillazo

La decisión de intervenir Caja Castilla La Mancha puede ser un punto de inflexión en la política del gobierno español ante los efectos de la crisis en el sector financiero. Las inyecciones de liquidez que están recibiendo las entidades mediante la compra de activos financieros se sitúan en el tratamiento sintomático del problema, mientras la intervención del Banco de España supone abrir la puerta a la cirugía. El desplome de la burbuja inmobiliaria tendrá consecuencias muy graves en las entidades que dieron crédito a la especulación del ladrillo, negocio que ahora se ha vuelto ruinoso y de cuyo volumen deberían informar los bancos y las cajas de ahorros. Porque afectados están todos, aunque en diferente medida, y al igual que con los agujeros provocados por las hipotecas 'subprime', el sistema financiero necesita saber cuánto del crédito dispuesto en los tiempos burbujistas está ahora enterrado en inversiones inmobiliarias cuyo valor nadie sabe. Quizás las principales entidades españolas tengan suficiente solvencia para salir airosas del vendaval, que empeora conforme se agrava la morosidad, pero la caída en desgracia de bancos a uno y otro lado del atlántico indica que es imprevisible hasta dónde llegará el tsunami. El gobierno hace tiempo que debería estar en ello, porque el 'plan B' de intervenir entidades puede necesitarlo en más ocasiones.

El rescate de CCM es el primero y, con mucha seguridad, no el último. La caja castellano-manchega es la primera pieza del recuento de víctimas del ladrillazo español en el sector financiero, tras la caída de inmobiliarias y constructoras. La política del gobierno ante esta crisis del sistema financiero, a pesar del discurso oficial de serenidad y confianza en las entidades, puede estar cambiando hacia un escenario de anticipación de los problemas y acción rápida. La lección que se puede extraer de los casos de inestabilidad en los bancos estadounidenses y británicos es que la intervención decidida de los gobiernos ha evitado quiebras que aportarían aún más inestabilidad. Sin embargo, el mercado no está paralizado porque sea incierto el número de entidades que, afectadas fundamentalmente por el impago de los créditos de los promotores, terminarán pasando por la UCI de la intervención pública; el pánico es debido también a la incertidumbre sobre los activos inmobiliarios que tienen los demás agentes de la economía. Bancos que nadie duda de su solvencia, empresas de todos los sectores y particulares que invirtieron en el ladrillo: el agujero que ha dejado la burbuja se extiende por todos lados. Y urge cuantificarlo para identificar los daños y que el mercado encuentre un punto de apoyo que permita la recuperación del crédito en favor de nuevas inversiones.

El destino del crédito bancario

El sistema financiero está resultando muy dañado por el impacto de la crisis que azota a las principales economías desarrolladas, pero no está nada claro que la estructura bancaria vaya a cambiar sustancialmente cuando amaine la tempestad. Algunos bancos han quebrado, otros han sido absorbidos por los nuevos gigantes del sector y en otros han entrado los gobiernos como accionistas mayoritarios. Sin embargo, el papel que juega cada institución en el mercado seguirá siendo el mismo. Quizás los únicos que verán fiscalizado su comportamiento durante la crisis serán los bancos centrales. Porque se alzarán voces que pidan una revisión de sus funciones en la medida en que se considere que la política de tipos bajos fue el origen de la última burbuja. El epicentro del terremoto se localizó en el sector inmobiliario, que vivió una etapa de expansión irracional hasta el derrumbe de las expectativas de revalorización infinita que lo sustentaban. Pero convertir la vivienda en un activo de inversión no tuvo un único culpable: las entidades financieras, los inversores y las compañías inmobiliarias contribuyeron a inflar la burbuja del ladrillo. El pecado de los bancos fue actuar como si no existieran riesgos. La combinación de apalancamiento en la inversión y derivados financieros de dudoso crédito ha sido explosiva, pero la estructura del sistema bancario no variará mucho más allá de lo que supone la caída de un modelo, el de los bancos de inversión, encarnado en entidades como Lehman Brothers.

Los bancos estarán de nuevo en el centro de la polémica cuando se forme la próxima burbuja, y el sistema financiero en su conjunto no resistirá otra tormenta como la desatada por la crisis de las hipotecas bajo la acusación de actuar sin ningún control. Los gobiernos coinciden en la receta de la regulación, pero poco se puede decir de la efectividad de esta promesa. Regular puede significar implantar un mejor sistema de vigilancia de la solvencia del sistema financiero, en lógica contrapartida a los planes de rescate gubernamentales, pero la máxima del libre mercado impide que se intervenga en actuaciones cuyo control recae en los clientes y en los accionistas, aun cuando en ocasiones éstos son incapaces de detectar un comportamiento irresponsable de las entidades. ¿Quién decide dónde invertir el ahorro canalizado por el sistema bancario? Esa es la pregunta básica, junto a la cuestión de si el estado sería capaz de hacerlo mejor que lo hacen los directivos de los bancos y los propios inversores. El endeudamiento público es necesario en estos momentos para que la intervención estatal sirva al objetivo de la recuperación económica. Pero ¿cuál es el criterio de los gobiernos? En ocasiones actúan donde el sector bancario no llega por la crisis de confianza, y en otras intervienen en sectores que piden un rescate aunque no sean viables. El estado no siempre acierta en el destino de los fondos, y la actual crisis puede suponer una nueva oportunidad perdida para el impulso de sectores que apuntalen el crecimiento futuro.

El último atardecer de 2008

Antes de que se vaya el día, hay que aclarar una cosa que contradice los resúmenes del año publicados por los medios de comunicación. Este no ha sido el año de la crisis. Veamos la situación con más perspectiva: no se trata de que la crisis económica se vaya a concentrar en un año o, por el contrario, se extienda a varios. La crisis pasará a la historia como un periodo de años afectados por el impacto del derrumbe de un determinado modelo financiero e inmobiliario. Y, ciertamente, el 2008 ha sido el año en que todo el mundo ha sido consciente del panorama que se presentaba. Pero la crisis tiene su origen años atrás, y casi sería más ajustado a la realidad decir que 2007 es verdaderamente el año de la crisis, pues fue entonces cuando el pinchazo inmobiliario se empezó a notar.

En todo caso, las consecuencias más difíciles de encajar de la recesión que ya se palpa en el ambiente económico, el paro, la quiebra de empresas, el cierre de fábricas, se han cebado sobre todo con este año que hoy por fin termina. El 2009 puede depararnos una situación diferente o no, quién sabe, a la vivida. Las predicciones de las instituciones económicas no son buenas, pero es sabido que con un margen superior a seis meses la fiabilidad es la de una bola de cristal. El año es largo: nos queda la esperanza de que hacia el final el enfermo mejore, pues las crisis no son sino una gripe de la economía. Que se cura con el tiempo. En cualquier caso, la pesimista conclusión de la nochevieja es que los últimos rayos del sol del día 31 no son muy diferentes a los primeros rayos del día 1. El cambio de dígito no obra milagros.

La crisis de los incautos

Algunos analistas han empezado a utilizar un nuevo término en la crisis financiera de las hipotecas 'subprime'. Se trata del de activos 'tóxicos', aplicado a todos los derivados cuyo origen es la deuda hipotecaria de alto riesgo, aquélla sin suficientes garantías. Pero los bancos, las aseguradoras, los fondos y los inversores que apostaron por la sobrevalorada burbuja del sector inmobiliario compraron activos que en aquel momento nadie consideró 'tóxicos'. ¿Por qué iban a serlo si se trataba de una inversión en un mercado cuya rentabilidad se consideraba infinita? La confusión de llamarlos 'tóxicos' consiste en que su toxicidad, en realidad, no es fruto de un descubrimiento repentino: la característica que estigmatiza como apestados a estos activos es el alto riesgo. Y no hay nada más cierto que el alto riesgo de la concesión de hipotecas 'subprime' era suficientemente conocido, a pesar de que la información no sirvió a la toma de mejores decisiones en el mercado ni las agencias de calificación del riesgo ('rating agencies') contribuyeron a ello. En definitiva, los derivados financieros que crearon los propios bancos con las 'titulizaciones' hipotecarias no contienen otro veneno que no sea el riesgo consustancial a estas operaciones. Operaciones de inversión especulativa guiadas por la avaricia a costa de la estabilidad del propio sistema financiero.

Se discute si el factor de la regulación del mercado ha contribuido mucho o poco a esta crisis y a la caída del modelo de los bancos de inversión estadounidenses. Hay dos posibilidades, la mala regulación y la insuficiente regulación del gobierno, que desembocan en el mismo problema: las autoridades no estuvieron atentas a los controles que necesitaba el mercado en el momento en que se gestó la crisis. Durante el periodo de la burbuja inmobiliaria se mantuvo la creencia en que los precios de la vivienda nunca bajarían. La expansión económica que produjo la actividad inmobiliaria hizo olvidar a todos los agentes -consumidores, empresas y sector financiero- que hay situaciones que no se pueden sostener mucho en el tiempo. El pinchazo de la burbuja vino acompañado, y a la vez fue en parte efecto, de una política monetaria que pasó de la 'barra libre' a la subida de tipos. La consecuencia fue doble: aumento de la morosidad y crisis de liquidez en los bancos. El fenómeno se ha reproducido, con apenas unos meses de retraso respecto a EEUU, en economías como la británica y la española. Cuando los gobiernos han reaccionado ante el parón en seco de la construcción, las medidas tradicionales contra la crisis económica se han visto eclipsadas por el complejo salvamento del sector financiero.

La intervención gubernamental ha actuado en forma de dique contra el desplome de un sistema financiero contaminado por la desconfianza. Las nacionalizaciones de emergencia muestran hasta qué punto se ha priorizado evitar el mal mayor frente a la prudencia del 'laissez passer' liberal, que aconsejaría el ajuste de los mercados sin intervención del estado para no incurrir en 'riesgo moral'. La operación de rescate que pone sobre la mesa el gobierno de EEUU invierte cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes para que la confianza y la liquidez vuelvan al mercado. El destino es incierto, puesto que la compra masiva de activos que nadie quiere puede generar un balance desastroso para el sector público incluso en el largo plazo. De ahí las reticencias ante una medida que, además, saca las castañas del fuego a un sector 'culpable' de los males que ahora sufre toda la economía. Sin embargo, actuar aun torpemente puede ser mejor que mostrar inacción ante una crisis con pocos precedentes. En el fondo, la crisis es la factura que antes o después habrían de pagar los incautos que propiciaron riesgos financieros que nadie estaba dispuesto a asumir. Como en cualquier burbuja, el último que se endeuda es el que paga los platos rotos. Que el gobierno ponga su parte no es sino el reconocimiento de que todos contribuyeron a la 'exuberancia irracional' que ha traído estos lodos.